Nombramientos en el IEEPCO tras meses de omisión
Dicen que en la política oaxaqueña nunca pasa nada… hasta que pasa todo en una Sesión Extraordinaria Urgente. Así, con mayúsculas y prisa de último minuto. En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la “urgencia” parece ser una energía renovable: se activa justo cuando hay sillas vacías que llenar.
Después de meses de omisión, el Consejo General decidió que ya era hora de ponerle nombre y apellido a dos piezas clave del rompecabezas electoral: la Secretaría Ejecutiva y la UTAPREO (esa unidad que suena a medicamento milagroso, pero en realidad atiende a los oaxaqueños que votan desde el extranjero y mandan dólares a casa).
El elegido para la Secretaría Ejecutiva es Graciano Alejandro Prats Rojas, quien asumirá el mando técnico del instituto hasta 2028, o lo que en tiempo político equivale a tres campañas, dos reformas y un escándalo en redes. Su misión: coordinar los trabajos electorales, mantener la calma cuando todos pierdan la cabeza y sobrevivir al próximo proceso sin contratiempos en pleno cómputo.
Por su parte, Salvador Isidro Sánchez Pablo aterriza en la UTAPREO, con la encomienda de mantener contentos a los paisanos que votan entre tacos y nostalgia en Los Ángeles, Nueva York y donde haya más chapulines que hamburguesas. Su reto: que el voto migrante no se quede varado entre el pasaporte y la urna.
Ambos fueron aprobados por unanimidad, lo que en lenguaje político significa que nadie quiso llevar la contraria —ya sea por consenso, diplomacia o puro instinto de supervivencia institucional.
Y mientras los nuevos funcionarios desempacan en sus oficinas, los consejeros electorales, encabezados por su presidenta Elizabeth Sánchez González, fueron llamados a cuentas apenas esta semana. Le recordaron a la tlacolulense el procedimiento de remoción que enfrenta ante el INE por la no instalación de consejos distritales y municipales en 2024, además de los múltiples señalamientos sobre la falta de organización interna y operativa del Instituto, para no decir otros calificativos jaja.
Con los cargos ya ocupados y las firmas estampadas, el IEEPCO intenta afinar motores rumbo a los procesos que vienen. Las malas lenguas aseguran que fue el INE quien dio el manotazo para destrabar el nombramiento del secretario ejecutivo. Veremos si el nuevo capitán logra que el barco electoral no haga agua antes de zarpar…
Porque en el IEEPCO, la democracia se administra entre parches, pleitos y sesiones urgentes.
La Sección 22 vuelve a secuestrar Oaxaca
Dicen que en Oaxaca el calendario laboral tiene más descansos que el de un monje tibetano, pero esta vez la Sección XXII decidió romper su propio récord. El viernes 17 de octubre anunció un paro de 24 horas con un “menú de acciones” digno de banquete político: bloqueos carreteros, tomas de casetas, ocupaciones de Pemex, asaltos “pacíficos” a televisoras y, por si faltaba sazón, perifoneo y volanteo para amenizar el caos.
Entre sus exigencias está la reinstalación de la mesa central entre la CNTE y la Presidencia, mesa que ya debe tener telarañas y tazas de café seco en las orillas. También piden la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 (un clásico sindical que nunca pasa de moda) y de las reformas educativas de Peña Nieto y López Obrador. Sí, ambas. Porque si algo distingue a la Sección XXII es su coherencia temporal: están en contra del pasado, del presente y —si se descuidan— también del futuro.
En resumen, Oaxaca fue nuevamente rehén de un grupo radical que no protesta: chantajea. Y mientras los niños se quedan sin clases, los líderes sindicales negocian en lo oscurito la venta y reparto de bases, ese viejo negocio que nunca pierde vigencia.
Santa Lucía del Camino y su policía asesina
En Oaxaca, los municipios suelen ser escenario de fiestas patronales, bloqueos improvisados y uno que otro desfalco. Pero en Santa Lucía del Camino, la trama se volvió tragedia: un joven estudiante de la Universidad Anáhuac, Diego Ignacio Paz, fue asesinado por policías municipales. Sí, asesinado.Aunque las autoridades prefieran esconder la palabra bajo tecnicismos legales para evitar decir lo que es: una ejecución extrajudicial.
El colectivo Código DH lo llamó por su nombre y exigió justicia. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca confirmó lo evidente: el joven no estaba bajo el influjo de ninguna sustancia. En otras palabras, no había razón alguna para que una falta administrativa terminara con una bala en el pecho.
Mientras las organizaciones civiles alzan la voz, el silencio institucional hace eco. El edil Juan Carlos García Márquez, más concentrado en controlar daños que en controlar a su policía, ensaya el viejo guion: primero la negación, luego la confusión, y finalmente la promesa de “una investigación a fondo”. Spoiler: el fondo siempre queda pendiente.
El caso de Diego Ignacio no es un hecho aislado; es el espejo de una política de seguridad podrida, donde el gatillo se aprieta antes que el criterio, y el uniforme se convierte en escudo de impunidad. Santa Lucía, ese municipio que presume modernidad y desarrollo, hoy muestra su rostro más oscuro: el del Estado que dispara primero y explica después.
La exigencia de justicia no es solo de una familia rota, sino de una sociedad harta de que el abuso policial se maquille de “error operativo”. Si la Fiscalía y el Ayuntamiento quieren rescatar algo de credibilidad, tendrán que demostrar que la ley también se aplica a quienes la portan en el pecho.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando una chispa de humanidad en el discurso oficial. Porque cuando la policía se vuelve amenaza y el alcalde calla, la democracia local se queda sin voz… y sin aliento.
Ahí nomás.