Seis años del arresto de Cuevas: la libertad como privilegio y el desafío de la fiscalía
Por un joven periodista mexicano
Se cumplen seis años desde la captura de Alejandra Cuevas. Su caso sigue siendo, para muchas familias y organizaciones civiles, una radiografía de las fallas del sistema penal: prisiones llenas, procesos largos y, sobre todo, una justicia que no garantiza equidad. Como lo dijo la propia Alejandra Cuevas, “en México salir libre siendo inocente constituye un privilegio excepcional que la mayoría de las personas privadas de la libertad no logran alcanzar.”
La escena política en torno al caso añade tensión: con Gertz en la embajada y Godoy al frente de la fiscalía, el expediente de Cuevas aparece envuelto en cambios institucionales que la sociedad observa con desconfianza. No se trata solo de nombres: son decisiones que afectan la conducción de las investigaciones, la urgencia de las revisiones de prisión preventiva y la implementación de mecanismos de reparación para quienes fueron condenados injustamente.
El relato de Cuevas —y de otras personas en su situación— no es excepcional por la historia en sí, sino por el desenlace. Su liberación visibiliza dos realidades contrarias: por un lado, que la justicia puede corregir errores; por otro, que ese engranaje de corrección funciona de manera aleatoria y lenta. Organizaciones de derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han señalado, en distintos informes, que los retrasos procesales, la falta de peritajes independientes y la precariedad de la defensa pública siguen provocando condenas indebidas.
¿Qué implicaciones tienen estos seis años para la vida cotidiana? Muchas. Para una persona encarcelada, un año puede ser la pérdida de un empleo, la quiebra de una familia o el abandono de los hijos. Para una comunidad, la acumulación de casos sin resolución erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la sensación de impunidad. Mientras tanto, la retórica de cambio no siempre se traduce en políticas que aceleren la revisión de expedientes ni en presupuestos suficientes para peritajes y defensas técnicas.
En el plano institucional, la presencia de figuras como Gertz y Godoy en los cargos clave obliga a preguntar por la voluntad de transformación. ¿Se impulsarán procesos claros de auditoría interna? ¿Se priorizará la formación forense independiente y la profesionalización de las fiscalías locales? Las respuestas importan porque, como muestra el caso Cuevas, no basta con revisar expedientes a medias: hace falta un sistema que prevenga errores y que repare con rapidez cuando se cometen.
Hay pasos concretos que organizaciones civiles y expertos proponen y que ciudadanos pueden exigir: revisión expedita de casos con indicios de inocencia, acceso real a peritajes independientes, fortalecimiento de la defensa pública y medidas de reparación integral para quienes pasaron años privados de libertad sin fundamento. Estas acciones no son caridad; son obligaciones de un Estado que se dice democrático.
El testimonio de Alejandra Cuevas, citado por este medio, obliga a la reflexión: su libertad no debe verse como una excepción afortunada, sino como un recordatorio urgente de que la justicia tiene fallas que afectan a personas reales. Si la fiscalía bajo Godoy y la diplomacia asociada a Gertz van a marcar la agenda, la sociedad tiene que mantener la presión para que esos cargos se traduzcan en cambios reales y no en gestos simbólicos.
Seis años después, el caso Cuevas sigue abriendo preguntas sobre quiénes pueden aspirar a una defensa efectiva y bajo qué condiciones la libertad se convierte en privilegio. La respuesta no puede quedarse en discursos: exige políticas públicas claras, recursos suficientes y la participación activa de la ciudadanía.
Fuentes: declaraciones de Alejandra Cuevas; informes y pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones civiles que monitorean la administración de justicia en México.
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