Hijo de magistrada del TEEO choca vehículo oficial
En Oaxaca, la indignación ciudadana ya no nace de grandes escándalos, sino de los abusos cotidianos que se normalizan en silencio. El caso del hijo de la expresidenta y actual magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Elizabeth Bautista Velasco quien estrelló una camioneta oficial sin tener cargo alguno, no es solo un ejemplo de cinismo institucional, sino una muestra más de cómo el poder público se privatiza en beneficio de unos cuantos. Que el Estado reponga el vehículo sin investigar el uso indebido del mismo, es una afrenta directa al pueblo que lo paga.
Este tipo de actos evidencian que, a pesar del discurso oficial sobre el combate a la corrupción, seguimos atrapados en la cultura del influyentismo y la impunidad. Mientras los recursos públicos se manejan como propiedad familiar, la mayoría de los oaxaqueños enfrenta hospitales sin insumos, escuelas sin mantenimiento y transporte precario. En este contexto, la falta de consecuencias no solo daña el erario: mina la confianza en las instituciones y en la democracia misma.
Por ello, urge una reforma administrativa en Oaxaca que incluya mecanismos efectivos de fiscalización y sanción por el uso indebido de bienes públicos, sin importar el apellido del infractor. El servicio público debe estar blindado contra el nepotismo y el patrimonialismo. No basta con prometer «austeridad» o «transformación»; se requiere voluntad política real para limpiar las instituciones y romper con las redes de protección familiar que operan dentro del Estado.
Por cierto, poco a poco están apareciendo irregularidades durante el periodo eterno de la ex presidenta del TEEO, quien al parecer son varios temas. Por cierto, ya casi está por finalizar su periodo por el que fue designada como magistrada, será el Senado de la República quién nombre a la o el nuevo integrante de este organismo local.
Y bueno, a esto sumarle la afrenta que se carga con la magistrada
Surge nuevo sindicato magisterial en Oaxaca
El nacimiento del Sindicato Nacional del Sector Educativo (SNSE) en Oaxaca marca un nuevo episodio en la historia sindical del magisterio estatal, históricamente dominada por la Sección 22. Con la toma de protesta de su Comité Gestor —integrado por 500 agremiados distribuidos en las ocho regiones del estado— el SNSE plantea una ruta alternativa para los docentes que, según sus dirigentes, no han encontrado solución a sus demandas laborales dentro de los esquemas sindicales tradicionales. La creación de este nuevo sindicato refleja, al mismo tiempo, el hartazgo y la necesidad de reorganización en el sector educativo.
Entre los ejes que promueve el SNSE destacan la profesionalización docente y la defensa de los derechos laborales, incluyendo cursos de actualización como el que actualmente imparten sobre derechos laborales. Además, informaron que ya han establecido diálogo con los gobiernos estatal y federal, lo que sugiere una estrategia institucional más conciliadora que confrontativa. Incluso este mismo día presentaron su pliego petitorio en Palacio de Gobierno, lo que marca un inicio formal de su interlocución con el poder político.
Lo interesante —y políticamente relevante— es que este nuevo sindicato ha optado por no chocar de frente con las fuerzas ya establecidas, como la Sección 22 y la Sección 59. Por el contrario, sus dirigentes han declarado que buscan la coexistencia y el respeto mutuo, reconociendo la lucha histórica de la 22, pero subrayando su intención de construir «un camino propio». Esto podría abrir una nueva etapa en el sindicalismo magisterial oaxaqueño: una de pluralidad, pero también de mayor competencia por la representación y los beneficios.
Sin embargo, la irrupción de más sindicatos también podría fragmentar la fuerza de negociación del magisterio.Si bien es positivo que cada trabajador pueda elegir la organización que mejor lo respalde, también existe el riesgo de que esta diversidad diluya el poder colectivo y permita al Estado imponer condiciones más fácilmente, negociando por separado con grupos cada vez más pequeños.La clave estará en si el SNSE logra consolidarse como una opción sólida sin caer en el aislamiento o la cooptación gubernamental.
En un estado como Oaxaca, donde la educación y la política sindical están profundamente entrelazadas, el surgimiento del SNSE no puede leerse como un hecho menor. Es, en esencia, una señal de que las viejas estructuras ya no satisfacen las necesidades de todos los trabajadores. Lo que está por verse es si este nuevo sindicato representa una renovación real del sindicalismo o simplemente una reconfiguración más, dentro del mismo sistema de cuotas, prebendas y luchas internas. La historia del magisterio oaxaqueño está cambiando; habrá que observar con atención hacia dónde se dirige.
Comisionados municipales en Oaxaca: entre la emergencia y la imposición
En Oaxaca, la figura del comisionado municipal se ha vuelto una constante en aquellos municipios donde, por conflictos internos o fracturas políticas, no se logra la elección de autoridades comunitarias. Aunque su existencia responde a una necesidad de mantener la gobernabilidad, lo cierto es que estos nombramientos temporales muchas veces operan más como parches impuestos desde el gobierno estatal que como soluciones reales a los problemas que enfrentan las comunidades. Lejos de calmar los ánimos, en muchos casos profundizan la desconfianza y el resentimiento social.
La diputada federal del Partido del Trabajo, Aracely Cruz, ha encendido el debate al cuestionar públicamente que personas externas a las comunidades indígenas sean impuestas como comisionados en estas demarcaciones. Su planteamiento toca una fibra sensible: el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y al respeto de sus sistemas normativos internos. Que un funcionario ajeno llegue a gobernar, sin conocer la lengua, los usos y costumbres o las dinámicas sociales de la comunidad, no solo es una falta de respeto, sino una forma moderna de colonialismo institucional.
La situación es alarmante si se considera que Oaxaca es el estado con mayor número de municipios en el país, muchos de ellos regidos por sistemas de usos y costumbres. La imposición de comisionados —frecuentemente sin consulta ni legitimidad comunitaria— genera el riesgo de imponer una lógica administrativa ajena a las necesidades reales del pueblo. Esto no solo afecta la eficacia del gobierno local, sino que también socava las bases del autogobierno indígena, reconocido por la Constitución y los tratados internacionales.
Además, el uso excesivo de esta figura pone en entredicho la voluntad del Estado de resolver los conflictos de fondo. La gobernabilidad no se construye con nombramientos desde un escritorio en la capital, sino con diálogo, mediación y respeto por la autonomía local. Delegar el control a comisionados sin arraigo ni consentimiento solo alimenta la percepción de que el gobierno está más interesado en controlar políticamente los territorios que en garantizar la justicia y la paz social.
Binnibús: ¿movilidad del futuro o chatarra reciclada con pintura nueva?
Nos vendieron el futuro sobre ruedas, pero nos entregaron el pasado con llantas. Así podríamos resumir el espectáculo mediático del gobierno de Oaxaca con su flamante sistema de transporte Binnibús. Anunciado como una revolución en la movilidad urbana, con unidades “nuevas” y “modernas” que supuestamente sacarían del rezago al sistema de transporte público de la capital oaxaqueña, el discurso oficial prometía tecnología, eficiencia y comodidad. Pero basta con revisar los datos públicos para descubrir que detrás del logotipo nuevo se esconde una vieja trampa: los autobuses son modelo 2016.Así lo revela el Sistema de Información de Oaxaca (SIOX), donde al menos una de las unidades aparece con número de serie 3ADCLSBR9GS014259, marca DINA, línea de chasis control delantero, y claramente registrada como modelo año 2016. ¿Dónde están entonces las unidades nuevas que tanto cacarearon en conferencias y spots oficiales? ¿A eso le llaman “transformar el transporte público”? Esta no es una omisión menor; es un engaño deliberado, una burla a la ciudadanía que, una vez más, paga por promesas que se evaporan tras el brillo de una pintura nueva.
No solo se trata de una mentira; es una estafa al interés público. ¿Cuánto costó esa “modernización”? ¿Quién aprobó el presupuesto? ¿A qué precio compraron las unidades de segunda?. Y más allá del engaño, está el riesgo. Un vehículo de transporte público con casi una década de uso, por más mantenimiento que reciba, no garantiza seguridad ni eficiencia. El transporte digno no se construye con marketing, sino con hechos. Si las unidades no son nuevas, ¿qué sigue? ¿Simular que se está combatiendo la corrupción mientras se hacen negocios opacos?.
El pueblo de Oaxaca no necesita chatarra disfrazada de progreso. Necesita honestidad, transparencia y gobiernos que no se cuelguen medallas por logros inventados. Si el proyecto del Binnibús quiere ser verdaderamente transformador, lo mínimo que se exige es claridad.
Ahí nomás.