Serprosep y la enfermedad crónica de la corrupción en Oaxaca
Por más que se insista en un discurso de transformación y transparencia, Oaxaca sigue siendo víctima de una de sus dolencias más arraigadas: la opacidad en la asignación de contratos públicos. A un mes de haber sido contratada, la empresa foránea Serprosep no solo ha incumplido con brindar cobertura total de los servicios de seguridad en hospitales y clínicas, sino que ha expuesto, una vez más, el cáncer estructural que carcome a la administración pública: el amiguismo, la falta de licitación y la impunidad.
La denuncia viene, nada menos, que del personal sindicalizado de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que ha documentado múltiples irregularidades en la contratación de Serprosep. No hubo licitación pública. No hubo transparencia. Pero sí hubo un nombre señalado: Mitzi Dayli García Díaz, responsable de la Unidad de Servicios Generales y Recursos de los SSO, quien presuntamente favoreció a la empresa sin el más mínimo recato.
En cualquier sistema que se precie de mínimamente democrático, esto bastaría para una investigación inmediata y su separación del cargo. Pero en Oaxaca, este tipo de señalamientos suelen diluirse como anestesia mal aplicada: causan molestia al principio, pero pronto se olvidan.
El problema no es solo la falta de seguridad en instalaciones médicas —que ya de por sí pone en riesgo al personal y a los pacientes—, sino la manera en que los trabajadores de Serprosep son tratados como piezas descartables, cobrando tarde, por vías difusas y sin certeza sobre sus derechos laborales.
Tres empresas distintas se usan para dispersar el pago. ¿Por qué? ¿Acaso es una estrategia para evadir responsabilidades fiscales y laborales? ¿Quién se beneficia de ese esquema opaco? Lo único claro es que Serprosep opera bajo una lógica que no tiene nada de profesional y mucho de sospechosa.
La CNTE olvida a sus jubilados en Oaxaca
Mientras la Sección 22 de la CNTE sigue protagonizando discursos de lucha y resistencia, sus propios jubilados tienen que plantarse frente al edificio sindical para exigir algo tan básico como ser incluidos en una base de datos. ¿El objetivo? Recibir un bono anual de 3,500 pesos del IEEPO. Una cantidad mínima, pero vital para muchos.
La dirigencia que encabeza Yeni Pérez Martínez ha sido señalada por omitir esta gestión. ¿Cómo es posible que casi 800 maestros jubilados queden fuera por “conflictos internos”? ¿Dónde quedó la solidaridad sindical?
La dirigencia de la Sección 22 ha sido históricamente combativa frente al Estado, pero incapaz de mirarse hacia adentro.
La lucha por los derechos laborales no puede olvidarse al momento de administrar esos mismos derechos para sus miembros más veteranos. Resulta irónico —y francamente doloroso— que la Sección 22, tan hábil para articular demandas cuando le conviene, sea tan torpe e insensible cuando se trata de sus propios jubilados.
Si la CNTE quiere mantener su legitimidad moral, tiene que comenzar por garantizar justicia interna, especialmente para quienes ya no tienen fuerza para marchar todos los días, pero cuya historia es parte fundamental del movimiento. No se puede hablar de lucha social mientras se ignora a los que ya lucharon.
Mototaxis en Juchitán: legalidad a modo y simulación institucional
La Secretaría de Movilidad de Oaxaca (Semovi) ha confirmado, con cifras propias, una realidad que todos en Juchitán ya conocían: más del 70% de los mototaxis operan en la ilegalidad. De los 5,532 censados recientemente, apenas 1,685 cuentan con una concesión. El resto —casi 4 mil unidades— circula sin ningún tipo de respaldo legal. Y el gobierno, lejos de tomar decisiones firmes, parece inclinado a administrar el caos en lugar de resolverlo.
La titular de Semovi, Yesenia Nolasco Ramírez, ha presentado este censo como un logro institucional, cuando en realidad es el reconocimiento oficial del fracaso del Estado para regular el transporte público en la región del Istmo. Lo preocupante no es solo la cantidad de unidades irregulares, sino el hecho de que la dependencia aún no sabe qué hacer con ellas: ¿les darán permiso, las sacarán de circulación, o simplemente seguirán postergando una decisión que requiere carácter?
Lo más grave es que mientras el gobierno se toma su tiempo para “analizar” el destino de estos mototaxis, la población sigue expuesta a un sistema de transporte sin garantías mínimas de seguridad, sin regulación, y en muchos casos, bajo el control de grupos clientelares o políticos. Porque seamos claros: la proliferación de mototaxis irregulares no es espontánea, es consecuencia de años de complicidades entre autoridades, sindicatos y liderazgos locales que han hecho del desorden un negocio.
Semovi habla de operativos y capacitaciones, pero evita con cuidado tocar el tema de las concesiones otorgadas sin criterio técnico o las “regularizaciones exprés” que, en años anteriores, se usaron como moneda política. ¿De qué sirve capacitar a los conductores si el propio Estado ha permitido por omisión —o conveniencia— que miles de unidades funcionen al margen de la ley?
Sin duda, tienen un gran reto para poder reordenar el transporte en Juchitán, una zona de guerra entre grupos delincuenciales y que ha sido el dolor de cabeza de la Primavera Oaxaqueña para el panorama nacional.
Jara aplaude creación de comisión para la Reforma Electoral de Sheinbaum
Durante su conferencia matutina, el gobernador Salomón Jara Cruz celebró la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y calificó como “triunfo político” la prórroga de aranceles por parte de EE. UU. Sin embargo, más que mostrar liderazgo, Jara confirma su papel como vocero de la federación, repitiendo discursos sin aportar soluciones concretas a los graves problemas que enfrenta Oaxaca.
Hablar de una reforma electoral profunda sin cuestionar el riesgo de debilitar al árbitro electoral es peligroso. El gobernador aplaude la iniciativa sin analizar su impacto en la democracia local y, una vez más, promete un “papel protagónico” de Oaxaca en un tema nacional, cuando ni siquiera puede garantizar orden y legalidad en su propio gabinete y territorio.
Sobre el tema comercial, es cierto que evitar los aranceles es positivo, pero una prórroga de 90 días no es una victoria diplomática: es apenas una pausa en un conflicto pendiente. Presentarlo como un logro histórico es más propaganda que política seria. A Oaxaca le urge un gobernador que defienda con la misma energía los empleos locales y la economía regional.
Mientras Jara Cruz se proyecta como operador nacional, la realidad oaxaqueña sigue marcada por hospitales sin seguridad, transporte desordenado, y comunidades en conflicto. La ciudadanía necesita más gestión local y menos ovaciones al gobierno federal. Porque gobernar no es aplaudir, es resolver.
Ahí nomás…