Nochixtlán: cuando la corrupción se maquilla de cambio
Por años nos dijeron que con la “cuarta transformación” se acabaría la corrupción, que ahora el poder estaría en manos del pueblo. Pero en Nochixtlán, Oaxaca, una mujer que llegó con la bandera de Morena desvió el 80 % del dinero público en sólo seis meses de gobierno.
Ocho millones de pesos que debieron usarse en calles, servicios y bienestar comunitario terminaron desaparecidos en facturas falsas, compras fantasma y sueldos para familiares y “asesores” inexistentes.
Se llama Lizbeth Victoria Huerta, y fue presidenta municipal de Nochixtlán de 2019 a 2021. Gobernó con el discurso de servir al pueblo, pero la auditoría revela otra cosa: fue parte de la misma podredumbre de siempre, esa que se disfraza de partido nuevo para seguir haciendo lo de siempre: robar.
La historia no termina ahí. Esta auditoría sólo existe porque una mujer valiente, Claudia Uruchurtu, se atrevió a denunciar. Fue ella quien, con investigaciones propias y solicitudes de información, destapó el fraude. Su castigo fue la desaparición forzada. El 26 de marzo de 2021 fue raptada tras protestar en el municipio. Desde entonces, no se sabe nada de ella. La justicia oaxaqueña condenó a cuatro funcionarios por su desaparición, pero a la exalcaldesa solo le dieron cuatro años de cárcel por “obstruir la investigación”, no por el crimen de Estado que ocurrió bajo su mando.
¿Y qué hizo el gobierno? Guardó la auditoría en un cajón por cinco años. Sí, el mismo gobierno que se dice del pueblo prefirió ocultar la corrupción para no “obstaculizar” una revisión. Una revisión que, por cierto, aún no termina. Nadie ha devuelto el dinero. Nadie más ha sido sancionado.
Una pelea por el poder envuelta en discursos sobre democracia
Tras el intercambio de dichos la semana pasada entre un regidor y un funcionario municipal del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, el tema volvió a tocarse durante una sesión de cabildo.
Martín Vásquez propuso que el tema se tocará nuevamente y en su intervención informó que llevó su queja a la prensa nacional –nada menos que a La Jornada, en el espacio del “Correo Ilustrado”– para exponer que fue intimidado y agredido por Noé Jara, a quien describe como un alcalde de facto, con poder sin límites y sin respeto por el disenso. Por cierto, ese mismo espacio ha sido utilizado por un ex gobernador para tratar de incidir en la agenda mediática.
En su carta, Vásquez Villanueva se dirige directamente a Claudia Sheinbaum, para pedirle que tome cartas en el asunto. Que sepa que en Oaxaca, el poder lo ejerce el hermano del gobernador sin rendir cuentas, sin frenos, sin equilibrio. Pero no nos engañemos: el problema no es nuevo ni exclusivo de Morena. Antes el PRI hizo lo mismo, usando los cargos para proteger a sus propios clanes. Lo que duele es que quienes prometieron ser diferentes hoy repitan los mismos vicios, pero envueltos en un lenguaje de transformación.
Si en verdad queremos una ciudad democrática, lo primero es poner límites claros al poder. Y eso significa que nadie, ni el hermano del gobernador ni el regidor con pasado priista, está por encima de la ley. Exigir respeto no es rebeldía: es decencia. Y si no se puede garantizar ni el respeto dentro del Cabildo, ¿qué podemos esperar en el resto del estado?
Revocación exprés: el nuevo truco del poder
En Oaxaca, pareciera que las coincidencias políticas ocurren por mera casualidad, pero la mayoría de veces no es así. La nueva del Congreso del Estado es adelantar la jornada electoral sobre la revocación de mandato para febrero de 2026, cuando según la ley actual debía realizarse en mayo.
¿Y por qué tanto apuro? ¿Por qué esa prisa por someterse al “veredicto ciudadano”? Muy fácil: no es un ejercicio real de democracia, es un cálculo político. Quieren controlar los tiempos, las condiciones y hasta el tipo de pregunta que se hará. Todo envuelto en un bonito paquete que diga: “El pueblo manda”.
Primero, reducen el plazo para presentar la solicitud de revocación: en vez de tres meses después del tercer año de gobierno, ahora será apenas un mes. Luego, aprietan los tiempos para la recolección y verificación de firmas, y encima incorporan medios electrónicos que nadie ha explicado cómo funcionarán ni con qué garantías.
Después, se da al órgano electoral (el IEEPCO) solo 10 días para revisar miles de firmas, cuando antes tenía 30. ¿Y si hay errores, trampas o presión política? No hay tiempo ni margen para resolverlo. Todo esto no es una casualidad. No es una coincidencia que esta reforma venga del PRI y vaya a ser aprobada por Morena y sus aliados, como buenos socios en este juego de simulación.
Esto no es democracia participativa. Esto es control político. Y lo grave es que lo hacen usando el nombre del pueblo, como si la ciudadanía fuera un simple espectador, y no el verdadero dueño del poder.
La revocación de mandato debería ser un derecho real, no un show electoral. Debería servir para castigar la incompetencia, el autoritarismo o la traición al pueblo. Pero lo que están haciendo es construir un proceso a modo, como quien arregla un partido antes de jugarlo.
Ahí nomás…