Gobernador de Oaxaca señala como fifí remodelación millonaria del Congreso Local
En un estado con altos índices de pobreza, carencias estructurales y demandas sociales históricas sin atender, la cifra de 40 millones de pesos gastados en la remodelación del Salón de Sesiones del Congreso local resulta más que escandalosa: es un insulto.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se deslindó del gasto con una frase que, aunque coloquial, carga una fuerte crítica: «Están muy fifís, deberían ser más modestos». Con ese comentario, marcó distancia de la opulencia en la que se invirtió el dinero público y, al mismo tiempo, dejó sobre la mesa una pregunta legítima: ¿qué justifica semejante gasto en un recinto legislativo?
Jara afirmó no haber estado enterado de la remodelación. Según dijo, se encontraba en giras por las comunidades y se enteró cuando ya todo estaba hecho, a través de unas fotografías que le mostraron a su regreso del Istmo. Su declaración, sin embargo, no exonera al Ejecutivo de la responsabilidad política general, más cuando es un legislativo dominado aplastantemente por su partido, ni borra la percepción de un Congreso que parece más preocupado por su comodidad que por su función legislativa.
Las mejoras incluyeron un nuevo sistema de audio, cómputo y espacios más “incluyentes” para los legisladores y visitantes. Todo eso suena bien… hasta que uno se entera del precio. ¿Cuánto cuesta realmente volver funcional y digno un espacio legislativo? ¿Y en qué momento se cruza la línea entre lo necesario y lo ostentoso?
La Junta de Coordinación Política debe más que una explicación técnica: debe rendir cuentas claras, documento por documento, factura por factura. Por cierto, la obra no fue licitada y se adjudicó de manera directa. ¿Qué tal?. Tal parece que Benjamín Viveros en vez de ayudar está colocando piedritas en el zapato a Jara o bien, todo está más planchado que nada y solo las declaraciones sirvan para distraer.
Red de privilegios en Oaxaca: el caso de Irma Pineda Santiago expone contradicciones en la 4T
En un país donde la autodenominada Cuarta Transformación ha hecho de la austeridad y el combate a la corrupción sus principales banderas, el caso de la diputada local Irma Pineda Santiago revela una profunda incongruencia. Militante del Partido del Trabajo (PT) y aliada de Morena, Pineda ha acumulado múltiples sueldos y beneficios públicos de manera simultánea, sin que hasta ahora ninguna autoridad federal o estatal haya actuado. Su situación no es una excepción aislada, sino un reflejo de cómo ciertos actores políticos operan con total impunidad dentro del aparato institucional.
Desde 2017, Pineda mantiene una plaza como docente federal en Oaxaca. Sin embargo, entre 2018 y 2021 también recibió un salario como asesora legislativa en la Cámara de Diputados federal, en la Ciudad de México, a pesar de no residir en la capital. A esto se suma su actual cargo como diputada local y su labor como profesora en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Ixtepec. De manera alarmante, también ha sido beneficiaria de programas sociales como PROSPERA y las Becas Benito Juárez, dirigidos exclusivamente a personas en situación de pobreza.
El vínculo político con Benjamín Robles Montoya, exdiputado federal por el PT, es clave para entender cómo Pineda accedió y se mantuvo en estos espacios. Fue él quien la integró como asesora honoraria en la Junta de Coordinación Política, donde percibía un salario mensual de casi 60 mil pesos sin control real sobre su desempeño. Esta protección política le ha permitido operar fuera de los márgenes legales y éticos que deberían regir el servicio público.
El caso de Irma Pineda no solo exhibe una falla institucional, sino que cuestiona la integridad del discurso oficialista. Mientras se insiste en que la corrupción se combate “de arriba para abajo”, prácticas como estas continúan normalizadas en distintos niveles de gobierno. No se trata de errores administrativos, sino de un patrón sistemático de aprovechamiento del erario.
Desfibriladores con sobreprecio y sin licitación: la salud bajo sospecha en Oaxaca
En un estado como Oaxaca, donde la precariedad del sistema de salud es una herida constante, la compra de 150 desfibriladores debería ser motivo de reconocimiento. Dotar de estos equipos a espacios públicos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte ante un paro cardíaco. Sin embargo, en lugar de celebrarse como una política pública responsable, la adquisición de estos dispositivos ha levantado una nube de dudas, señalamientos de corrupción y opacidad administrativa.
El dato es simple pero preocupante: 150 desfibriladores adquiridos por adjudicación directa, con una inversión de 15 millones de pesos. En promedio, cada aparato costó alrededor de 100 mil pesos. El problema no es la necesidad del equipo, sino cómo se compró.
Por el monto total, la ley obliga a realizar un proceso de licitación pública que garantice transparencia, competencia entre proveedores y mejor uso del dinero público. No fue así. En su lugar, se optó por una adjudicación directa que, más que un recurso administrativo excepcional, se ha convertido en la norma silenciosa de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
La responsable directa, Mitzi Dayli García Díaz, jefa de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, no es una funcionaria nueva ni desconocida en los pasillos de la polémica, sino que ya copió el estilo de su antecesor el ratón de siete suelas Hugo Espinosa Morales. Mitzi por tu parte ha sido señalada repetidamente por corrupción, abuso de poder y malos tratos. De hecho, hace apenas unos días, trabajadores sindicalizados tomaron sus oficinas para exigir su destitución. Acusan que opera a espaldas de sus superiores, toma decisiones unilaterales y favorece a proveedores sin criterios claros. Si todo eso es cierto, ¿por qué sigue en el cargo?
Nadie niega la importancia de contar con desfibriladores en espacios públicos. Pero si el objetivo es salvar vidas, también es vital evitar el saqueo silencioso de los recursos que deberían protegerlas. Comprar sin licitar, adjudicar sin justificar y callar ante los señalamientos no es transformar: es repetir la historia de siempre.
Y que se agarre la nueva titular del área, ahora que cambió de manos el negocio, ya que en los rumbos de Palacio andan preocupados por la escandalosa corrupción encabezada por Espinosa Morales y Octavio Torres, donde dicen, hasta hay un tercer jugador en la Carrera, que según afirman, serán muy pronto llamados a cuentas, por aquello de los cientos de millones de pesos ocultos en propiedades, lujos, viajes e inversiones, que nomás no se sintieron por el rumbo del zócalo. Ups.
Ahí nomás.