La justicia en manos de la ciudadanía: asambleas deciden nombramientos en el Istmo
Región Istmo, Oax., 28 de junio de 2026.- Con la Cuarta Transformación, la ciudadanía ha dejado de ser espectadora y empieza a elegir a quienes participan en los procesos de justicia, dijeron organizadores durante las Asambleas Informativas en Defensa de la Democracia. Según un comunicado del Gobierno de Oaxaca, el gobernador destacó que esta etapa busca reforzar la participación ciudadana y consolidar la democracia local.
En plazas y auditorios del Istmo se celebraron encuentros en los que vecinos escucharon propuestas, informaron dudas y emitieron su opinión sobre los perfiles propuestos para integrar órganos encargados de evaluar y nombrar a funcionarios judiciales. La experiencia se presenta como una apuesta por acercar la toma de decisiones al barrio, al trabajo y a la escuela: «es como ponerle un micrófono a la gente para que la justicia no quede en un despacho», resumió una docente que asistió al encuentro.
Para quienes apoyan la medida, permitir que la gente opine sobre quiénes integran los órganos de justicia reduce opacidad y privilegia el interés público. El Gobierno de Oaxaca resaltó en su boletín que la iniciativa pretende ampliar la vigilancia ciudadana sobre procesos tradicionalmente cerrados y recuperar la confianza en las instituciones.
No obstante, voces críticas advierten riesgos: la elección por asambleas puede abrir la puerta a decisiones marcadas por afinidades políticas o desconocimiento técnico. Especialistas consultados por esta redacción señalan la necesidad de mecanismos que combinen la voz popular con filtros de idoneidad, formación y transparencia para evitar la politización de los tribunales y garantizar la imparcialidad.
En la práctica, el modelo que se impulsa en el Istmo se apoya en tres ejes, según participantes: información accesible sobre perfiles, espacios para deliberar y reglas claras para la toma de decisiones. Sin estos elementos, alertan observadores, la participación podría convertirse en un acto simbólico sin efectos reales sobre la calidad de la justicia.
El cambio también plantea retos logísticos: capacitar a los ciudadanos para evaluar trayectorias, proteger los procesos de presión indebida y diseñar cauces de impugnación cuando existan dudas. El Gobierno de Oaxaca afirma que trabajará en capacitación y en protocolos públicos, aunque todavía faltan detalles sobre plazos y criterios definitivos.
En una comunidad del Istmo, una vecina resumió el sentir común: «queremos que nos escuchen y que las decisiones no se queden en la ciudad». Esa demanda de cercanía y rendición de cuentas es, por ahora, la brújula que impulsa la experiencia. Queda por ver si la balanza entre participación y profesionalismo se logra mantener en equilibrio.
La iniciativa abre una ventana para que la gente participe más activamente en la vida pública, pero su éxito dependerá de la claridad de las reglas, la capacidad de los ciudadanos para juzgar méritos y del compromiso institucional para proteger la independencia judicial. El camino apenas comienza y requerirá vigilancia comunitaria y evaluación constante.
Fuente: Gobierno de Oaxaca
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