Sheinbaum señala maniobra política detrás del veto a Rocha y remite el caso a la Fiscalía
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una “maniobra política” el veto impuesto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y pidió que sean las instancias judiciales las que determinen si existe alguna responsabilidad, informó Presidencia.
En una breve intervención en Palacio Nacional, Sheinbaum consideró “imprudente” el regreso del gobernador con licencia a la vida pública en medio de señalamientos, pero subrayó que su postura no equivale a una imputación penal. “Corresponde a la Fiscalía determinar si existe alguna responsabilidad”, dijo la mandataria, poniendo el énfasis en que la resolución debe venir por la vía del debido proceso.
La escena política se parece a un partido con árbitros distintos: mientras unos actors mueven fichas políticas en medios y redes, la presidenta reclamó que la definición de culpabilidad o inocencia la deben dar las autoridades competentes y no la opinión pública. Esa separación, explicó, es clave para mantener la confianza en las instituciones y evitar que la justicia se confunda con tácticas electorales.
Quién es Rubén Rocha, por qué pidió licencia y qué implicaciones tiene su retorno es lo que hoy interesa a la ciudadanía en Sinaloa y en el país. El veto, según críticos, busca desgastar a un actor político; según sus defensores, respondería a preocupaciones legítimas sobre el nombramiento y la supervisión. En medio de esa disputa, la Presidencia evitó tomar partido legal y llamó a respetar la investigación que corresponda a la Fiscalía.
Para la gente común, esto tiene efectos concretos: la politización de procesos puede distraer recursos y atención de problemas urgentes como la seguridad, la salud y los servicios públicos. Sheinbaum recordó que el gobierno federal está obligado a privilegiar la gobernabilidad y la atención a la población, sin interferir en indagatorias que son responsabilidad de la Fiscalía.
La Presidencia pidió transparencia y celeridad en las indagatorias para que no queden dudas y la vida pública pueda seguir con mayor certidumbre. También hizo un llamado a los partidos y líderes locales a actuar con mesura y a permitir que las autoridades judiciales realicen su trabajo sin presiones.
En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones puede convertirse en combustible político, la postura de la presidenta plantea un equilibrio: denunciar lo que considera tácticas políticas, pero trasladar la definición de responsabilidades a la Fiscalía, para que la decisión tenga respaldo legal y no solo peso mediático.
Fuente: Presidencia.
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