Oaxaca de Juárez, Oax.— Los cuestionamientos al círculo político del senador Antonino “Nino” Morales Toledo se suman a un momento de desgaste para Morena, partido que enfrenta señalamientos contra algunos de sus principales cuadros y gobiernos estatales, en medio de una creciente presión por temas de seguridad, crimen organizado y posibles vínculos políticos con grupos delictivos.
En Oaxaca, Grupo REFORMA puso bajo la lupa a personajes cercanos a Morales Toledo, entre ellos Rodolfo León Aragón, exmando policiaco cuya incorporación a Morena provocó polémica, y José Antonio López Ríos, identificado por el diario como operador cercano al legislador oaxaqueño.
De acuerdo con REFORMA, López Ríos fue detenido en agosto de 2024 en el Istmo de Tehuantepec cuando presuntamente transportaba alrededor de medio millón de pesos en efectivo, recipientes con hidrocarburo y un arma de uso exclusivo del Ejército. Posteriormente recuperó su libertad.
Las publicaciones también señalan que López Ríos ha mantenido cercanía política con Morales Toledo y ha ocupado espacios dentro de la administración pública estatal, un elemento que ha incrementado los cuestionamientos sobre el grupo que rodea al senador.
Morales Toledo rechazó los señalamientos y los atribuyó a un “golpeteo” político relacionado con la disputa adelantada por la gubernatura de Oaxaca en 2028. El senador ha sostenido que detrás de las publicaciones existen intereses que buscan intervenir en la sucesión estatal.
El episodio ocurre, sin embargo, en un contexto nacional adverso para Morena.
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya ha enfrentado una prolongada crisis política derivada de la violencia que sacude a la entidad y de los señalamientos surgidos alrededor de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos. Las declaraciones del propio capo sobre las circunstancias previas a su detención colocaron al gobierno sinaloense en el centro del debate nacional y obligaron a Rocha Moya a responder públicamente a las versiones sobre presuntos encuentros y relaciones políticas.
A ello se suma la presión de agencias estadounidenses, particularmente de la Administración para el Control de Drogas, DEA, que ha endurecido su discurso contra los cárteles mexicanos y ha colocado el combate al narcotráfico como uno de los temas centrales de la relación bilateral.
La intervención cada vez más visible de autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales mexicanas representa un desafío político adicional para Morena. Cada revelación, investigación o señalamiento proveniente de Estados Unidos tiene repercusiones internas y obliga al Gobierno federal y a los mandatarios estatales a responder sobre posibles redes de protección, corrupción o complicidad.
En el caso de Rocha Moya, la crisis no se limita a una discusión de seguridad pública. También ha generado desgaste político para Morena por la percepción de que el partido ha cerrado filas en torno a uno de sus gobernadores más cuestionados, mientras la violencia en Sinaloa continúa afectando a la población y deteriorando la imagen de las autoridades.
Ese escenario nacional impacta inevitablemente en los estados.
En Oaxaca, la polémica alrededor de Antonino Morales coincide con críticas al gobierno de Salomón Jara Cruz por inseguridad, conflictos sociales, pobreza y libertad de expresión. En su columna Esténtor Político, publicada en Unomásuno, Miguel Ángel Casique Olivos describió a Oaxaca como un “laboratorio” de los problemas que enfrentan algunos gobiernos de Morena y cuestionó los resultados de la administración estatal.
El columnista también retomó las protestas de periodistas y organizaciones sociales tras el asesinato del comunicador Alejandro Leyva, así como las exigencias para esclarecer agresiones contra integrantes de la prensa en Oaxaca.
Aunque los casos de Sinaloa y Oaxaca tienen características distintas, ambos exhiben un problema político común para Morena: el costo que generan los señalamientos contra personajes cercanos a sus principales figuras y la dificultad para deslindar responsabilidades políticas cuando existen investigaciones, detenciones o antecedentes controvertidos.
En el caso de Antonino Morales, las publicaciones de REFORMA no acreditan responsabilidad penal del senador, pero sí colocan bajo escrutinio a su círculo más cercano justo cuando busca consolidarse como uno de los principales aspirantes a la gubernatura de Oaxaca.
Con la sucesión de 2028 cada vez más presente en la agenda estatal, los antecedentes de sus colaboradores y aliados podrían convertirse en uno de los principales flancos utilizados por sus adversarios.
Morena enfrenta así una paradoja: mientras mantiene una amplia fuerza electoral y controla buena parte de las estructuras políticas del país, los casos de Sinaloa, Oaxaca y otras entidades alimentan una narrativa de desgaste vinculada con inseguridad, corrupción y personajes cuestionados.
Para Antonino Morales, el reto ya no será únicamente crecer territorialmente o mantener cercanía con el gobernador Salomón Jara. También tendrá que enfrentar una pregunta que comienza a cobrar peso dentro y fuera de Morena: quiénes integran su grupo político y qué costo podrían representar para un eventual proyecto rumbo a 2028.
Foto: Reforma
