Acusan a siete personas y tres empresas por tragedia que costó la vida a fotoperiodistas en axe
Un dictamen mecánico de la Fiscalía concluye que la plataforma elevadora se usó para fines distintos a los previstos; ahora inicia un juicio que busca esclarecer responsabilidades.
La Fiscalía General informó que siete personas y tres empresas enfrentarán un proceso penal por su presunta responsabilidad en la caída de una plataforma elevadora que provocó la muerte de fotoperiodistas durante un despliegue en Axe. El llamado a juicio se sustenta, según el propio órgano investigador, en un dictamen mecánico que determinó que el equipo fue empleado fuera de las funciones para las que fue diseñado.
El peritaje de la Fiscalía General, que obra en la carpeta de investigación, señala fallas en el uso y en la supervisión del equipo. De acuerdo con el informe, la plataforma no contaba con las condiciones estructurales ni con los controles operativos adecuados para sostener la tarea que se le asignó, lo que habría precipitado el colapso.
Las tres empresas señaladas, siempre según la Fiscalía, están vinculadas a la operación, el arrendamiento y el mantenimiento del equipo. Las siete personas implicadas incluyen a responsables operativos y a quienes supervisaban su uso en el lugar. El proceso busca determinar si hubo omisión de protocolos, mantenimiento insuficiente o negligencia en la capacitación del personal.
Familiares y colegas de las víctimas han pedido justicia y cambios reales en los protocolos de seguridad. Conversaciones con periodistas locales recogen la misma inquietud: no se trata solo de señalar culpables, sino de que eventos similares no se repitan. Organizaciones de prensa y de derechos laborales han exigido que las autoridades aceleren revisiones técnicas y fortalezcan la supervisión de equipos de alto riesgo.
La tragedia vuelve a poner en el centro la pregunta sobre la responsabilidad empresarial y la regulación de equipos industriales en eventos públicos. En términos prácticos, esto impacta a quienes trabajan en el espacio público: si empresas continúan priorizando costos sobre seguridad, el riesgo para trabajadores y trabajadoras —desde fotoperiodistas hasta técnicos de montaje— se mantiene.
Especialistas consultados por este diario advierten que el fallo técnico de la plataforma apunta también a un problema de cultura preventiva. Es común ver equipos reutilizados para tareas no previstas en sus manuales, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. Por eso insisten en medidas concretas: inspecciones regulares, registros de mantenimiento accesibles y capacitación obligatoria para operadores.
La Fiscalía General será la encargada de presentar las pruebas en el juicio y de sustentar las imputaciones. Para las familias de las víctimas, el proceso penal es una parte importante, pero también reclaman transparencia en la investigación administrativa y en las sanciones a empresas que no cumplieron con la normativa.
Este caso pone en evidencia la necesidad de políticas públicas que protejan a trabajadores y comunicadores en el ejercicio de su labor. No basta con investigar después de una tragedia: es indispensable reforzar la prevención, actualizar normas y garantizar que tanto empresas como autoridades asuman su responsabilidad.
Fuente: Fiscalía General
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