Tribunal ordena a la Defensa dar a conocer contratos ligados al software Pegasus
Un fallo judicial obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar documentación sobre contrataciones que habían sido negadas; el caso revive dudas sobre vigilancia y rendición de cuentas.
Ciudad de México. Un tribunal federal emitió una resolución que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar contratos relacionados con la adquisición de un software de vigilancia, según reportes de Animal Político y documentos judiciales consultados.
El litigio se remonta a 2022, cuando Animal Político documentó la existencia de dos contrataciones por un monto conjunto superior a 140 millones de pesos. En aquel momento la Sedena negó la contratación y negó al mismo tiempo información solicitada por ciudadanos y organizaciones sobre estos gastos.
Con la orden judicial de ahora, los contratos deberán salir a la luz. La decisión abre un proceso importante: permitir a la ciudadanía y a investigadores revisar qué se compró exactamente, a qué precio, con qué alcances técnicos y legales, y bajo qué condiciones se pretendía usar la herramienta.
Para entender por qué esto importa, basta pensar en un ejemplo cotidiano: si una institución adquiere un instrumento que permite acceder a mensajes o ubicar a personas mediante su teléfono, no estamos ante un equipo de trabajo cualquiera. Se trata de una capacidad que puede afectar la privacidad de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y cualquier ciudadano. Por eso la transparencia es una condición básica para la confianza pública.
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Artículo 19 y Amnistía Internacional, han señalado en múltiples ocasiones que el uso de herramientas de espionaje plantea riesgos para derechos fundamentales y requiere controles claros. El fallo judicial que obliga a la entrega de contratos puede ser un paso para que esos controles se discutan públicamente y, de ser necesario, se fortalezcan.
La Sedena aún no ha emitido una declaración pública detallada sobre el cumplimiento de la orden. El tribunal, según los informes, fijó plazos para la entrega de los documentos; de cumplirse, los contratos y anejos técnicos podrían ser analizados por expertos y la sociedad.
¿Qué sigue? Primero, la publicación y revisión de los contratos. Segundo, la fiscalización: saber si hubo procedimientos administrativos adecuados, contratos marco, proveedor identificado y presupuesto comprometido. Tercero, acciones posibles por parte de la sociedad, la prensa y autoridades de transparencia si se detectan irregularidades.
Este caso recuerda que la vigilancia estatal no es solo un asunto técnico, es una decisión política con impacto directo en derechos y libertades. La sentencia del tribunal ofrece una oportunidad para que México avance en normas más claras sobre compras de tecnología de seguridad y mecanismos de control efectivo. Como siempre, la claridad y la participación ciudadana son herramientas clave para evitar abusos.
Fuentes: Animal Político y documentos judiciales relacionados con el expediente que dio inicio al litigio en 2022.
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