Seis años desde la detención de Alejandra Cuevas: la libertad, un privilegio en tiempos de cambios
Hace seis años que Alejandra Cuevas fue detenida. Su caso se convirtió en un espejo: por un lado, la historia de una mujer que hoy denuncia la precariedad del acceso a la justicia; por otro, la constatación de que las instituciones y las designaciones públicas cambian de rostro mientras las heridas personales siguen abiertas.
“En México salir libre siendo inocente constituye un privilegio excepcional que la mayoría de las personas privadas de la libertad no logran alcanzar”, dijo Cuevas en una reciente entrevista citada por La Jornada, frase que resume la idea que muchas organizaciones y familias han repetido en estos años.
En ese mismo período se han sucedido nombramientos y rotaciones en la administración pública: según reportes periodísticos, Gertz fue designado embajador y Godoy asumió el frente de responsabilidades clave en la estructura pública. Esos movimientos, lejos de ser sólo cambios de nombres, influyen en cómo se atienden las quejas, se revisan casos y se priorizan políticas públicas en materia de justicia y derechos humanos.
El caso de Cuevas pone en evidencia tres problemas concretos que afectan a la ciudadanía: la fragilidad del debido proceso, la demora en el acceso a pruebas y la dificultad para que las personas privadas de la libertad reciban una defensa efectiva. Organizaciones civiles y periodistas han documentado que situaciones como estas no son incidentes aislados sino parte de fallas estructurales.
¿Qué explica que ser absuelto o liberado siendo inocente sea tan excepcional? Expertos y activistas consultados por La Jornada señalan factores como el uso extendido de la prisión preventiva, la insuficiencia de defensoría pública, la lentitud de peritajes y la escasez de mecanismos eficaces de revisión judicial. En la práctica, quienes enfrentan el proceso sin recursos quedan a merced de un sistema diseñado con barreras que pocos logran sortear.
La historia también deja lecciones y propuestas: fortalecer la defensa pública, acortar plazos para revisiones, impulsar la justicia restaurativa y crear protocolos claros para casos de presunta inocencia. No son parches, son reformas que demandan voluntad política sostenida, recursos y vigilancia ciudadana.
Alejandra Cuevas habla desde la experiencia: su libertad no sólo cambió su vida, sino que expone la diferencia entre un respiro personal y una solución colectiva. Para que su caso deje de ser la excepción hace falta que las instituciones, incluidas las que hoy encabezan figuras nuevas, permitan cambios reales y medibles.
La Jornada ha seguido el caso y lo ha contextualizado dentro de la discusión más amplia sobre derechos humanos en México. Si la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas, y si los nuevos responsables en cargos públicos traducen eso en políticas, entonces la próxima vez que alguien recupere su libertad no será celebrada como una excepción sino como una práctica justa y cotidiana.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Aristegui Noticias .
