Seis años después: la libertad de Alejandra Cuevas y las preguntas que dejó el ascenso de Gertz y Godoy
Hoy se cumplen seis años desde la captura de Alejandra Cuevas. Su caso no es solo la historia de una mujer que reclama inocencia; es también una ventana a cómo funcionan las decisiones de justicia en México y al debate público sobre quienes ocupan puestos de poder dentro de la Fiscalía, como Alejandro Gertz Manero y Godoy, cuyo ascenso ha generado polémica.
Alejandra Cuevas ha dicho con claridad: salir libre siendo inocente en México se ha convertido en un privilegio excepcional que la mayoría de las personas privadas de la libertad no alcanzan. Esa frase, recogida en entrevistas y reportes periodísticos, expone una realidad tangible: el acceso a la justicia depende muchas veces del ruido mediático, de recursos o de fallas procesales, más que de una garantía uniforme para todas y todos. Según reportes de Proceso, su caso mostró inconsistencias en la investigación y largas demoras que favorecen la incertidumbre.
El ascenso de figuras como Gertz y Godoy —tema ampliamente documentado por la prensa nacional— plantea preguntas sobre la institucionalidad. ¿Qué criterios se aplican para nombramientos y promociones dentro de la estructura encargada de investigar y perseguir delitos? ¿Cómo se garantiza que esas decisiones no influyan en casos sensibles ni en la equidad procesal? Estas preguntas no son retóricas: tienen consecuencias concretas en la vida de familias que esperan resoluciones justas.
Para la ciudadanía, la lección es directa. Los procesos jurídicos no pueden depender de favores, nombramientos opacos o de la capacidad de ser visibles en medios. Hace falta mayor transparencia en la Fiscalía, mecanismos de rendición de cuentas claros y reformas que reduzcan la discrecionalidad en decisiones clave. Organizaciones civiles y algunas voces periodísticas han señalado la necesidad de auditorías públicas y de fortalecer la fiscalización externa, propuestas que deben discutirse y concretarse.
El caso de Alejandra también nos obliga a mirar hacia quienes quedan tras las rejas: personas que no tienen acceso a recursos para probar su inocencia o a visibilidad mediática. Construir un sistema más justo implica ampliar defensas públicas, acortar plazos judiciales y asegurar peritajes independientes. Son medidas concretas que mejoran vidas, no sólo discursos.
Seis años después, la libertad de Cuevas es un recordatorio. No basta con casos aislados de reparación; se necesita una política pública que transforme la excepción en norma. Como señaló Proceso en sus investigaciones, la transparencia y la participación ciudadana son piezas claves para recuperar la confianza en las instituciones. Ese llamado sigue vigente hoy: exigir resultados, proponer cambios y vigilar que la justicia sea real para todas y todos.
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