Cada escuela decidirá qué hacer con los celulares; la aplicación será paulatina
Resolución queda “a valoración de cada centro escolar” y su puesta en marcha será escalonada, según reporta El Imparcial de Oaxaca.
La regulación del uso de teléfonos móviles en aulas mexicanas no llegará de golpe ni con una sola norma rígida: quedará en manos de cada plantel y se implementará de forma gradual, informó El Imparcial de Oaxaca tras revisar la resolución que define el nuevo marco.
Para familias y docentes esto significa que en unas escuelas los celulares podrán seguir usándose con restricciones; en otras se impondrán horarios, cajas de resguardo o incluso vetos durante las clases. La medida, descrita por la fuente como una aplicación “a cuentagotas”, busca dar margen de maniobra a comunidades educativas diversas, pero también abre la puerta a desigualdades entre centros.
Padres y maestras consultados por El Imparcial de Oaxaca coinciden en un punto: hace falta claridad. “Si cada escuela decide, necesitamos un protocolo claro y capacitación para aplicarlo sin convertir a los profesores en vigilantes”, dice una madre de familia de la región, que pidió no ser identificada. Un director entrevistado añade que la gradualidad permite ajustar medidas según la realidad local, pero advierte que sin acompañamiento estatal pueden prevalecer soluciones improvisadas.
Los expertos en educación señalan riesgos y oportunidades. Por un lado, la regulación localizada puede facilitar acuerdos comunitarios y respetar contextos distintos —escuelas urbanas con acceso a internet y rurales con pocos recursos no enfrentan el mismo problema—. Por otro, la ausencia de criterios uniformes puede generar confusión, disparidad en la disciplina y dificultades para atender el uso problemático de redes sociales y el ciberacoso.
En la práctica, especialistas recomiendan pasos concretos: definir normas claras en cada escuela con participación de madres, padres y alumnos; capacitar a docentes en manejo de la convivencia digital; ofrecer alternativas pedagógicas que integren lo tecnológico de forma responsable; y establecer mecanismos de evaluación para ajustar la política gradualmente.
La implementación escalonada también plantea una oportunidad para que las autoridades educativas locales acompañen con recursos y monitoreo. Si la regulación se limita a un «a valorar» sin apoyo técnico, el resultado podría ser más agrietamiento que solución, opina un investigador en políticas educativas.
El desafío ahora es transformar la ambigüedad en normas que funcionen en lo cotidiano: que los celulares dejen de ser un distractor en clase sin convertirse en una fuente de inequidad o en una carga adicional para el personal docente. Como reporta El Imparcial de Oaxaca, la discusión queda abierta y será la comunidad escolar la que, escuela por escuela, defina cómo avanzar.
