Peligra la libertad digital: reforma permitiría cortar internet sin juez, alerta López Rabadán
La legisladora advirtió que la iniciativa deja una «discrecionalidad brutal» para suspender el acceso a Internet; expertos y organizaciones piden salvaguardas y control judicial.
La propuesta conocida como reforma de derechos ha encendido las alarmas entre legisladores opositores y organizaciones civiles porque, según la diputada López Rabadán, faculta a autoridades a ordenar la suspensión del servicio de Internet sin pasar por un juez. «Deja una discrecionalidad brutal», dijo la legisladora, y advirtió que la medida puede derivar en cierres arbitrarios que afecten a millones de usuarios.
Si se concreta, la norma permitiría que autoridades administrativas —bajo criterios que aún no están claros— ordenen bloquos de plataformas, apagones parciales o la desconexión de usuarios señalados por conductas en línea. Para entenderlo de forma simple: es como permitir que una autoridad apague la luz de un vecindario por sospechas, sin que haya un juez que revise la orden.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Amnistía Internacional México han expresado su preocupación por el impacto en la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a servicios esenciales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha recomendado que cualquier limitación a comunicaciones pase por filtros judiciales claros y procedimientos transparentes.
Desde el lado de los promotores de la reforma se argumenta que las nuevas facultades son necesarias para combatir delitos cibernéticos, desinformación y proteger a menores. Sin embargo, especialistas consultados señalan que sin criterios precisos, plazos, transparencia y vías de impugnación, el poder de corte puede ser usado de manera arbitraria o política.
Las consecuencias prácticas no son menores: suspensión de clases en línea, interrupción de teletrabajo, obstaculización de servicios de emergencia o de colectivos que dependen de la red para organizarse. Para negocios y emprendedores digitales, la incertidumbre regula costos y confianza.
En el debate público hay propuestas concretas para mitigar riesgos: establecer control judicial previo o posterior con revisión efectiva, definir umbrales técnicos y jurídicos precisos, crear registros públicos de las órdenes de suspensión y mecanismos de reparación para afectados. López Rabadán y otros legisladores han pedido que esas salvaguardas se incluyan antes de avanzar con la reforma.
La discusión seguirá en comisiones y foros públicos en las próximas semanas. Mientras tanto, la advertencia de López Rabadán resuena en la opinión pública: cualquier norma que toque el acceso a Internet debe ser tratada con cautela porque, como lo dicen activistas y expertos, apagar la red equivale hoy a silenciar voces y detener actividades fundamentales para la vida cotidiana.
Por Juan Pérez
Ciudad de México
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