Sheinbaum asegura que sanción de la OFAC no amenaza a baja california
La Presidencia y autoridades locales restaron impacto a la inclusión de una empresa en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): la firma había prestado servicios a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad de Baja California, y aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades administrativas, no encontró nexos con grupos delictivos, según comunicados oficiales.
En palabras de fuentes cercanas al gobierno federal citadas por la propia Presidencia, la sanción de la OFAC es dirigida contra la empresa señalada y no contra la institución pública ni los programas de seguridad en la entidad. La Fiscalía de Baja California y la Secretaría de Seguridad estatal han confirmado que los contratos objeto de revisión son de carácter administrativo y que las labores operativas no están comprometidas.
Para entenderlo con una metáfora: si la maquinaria pública fuera un coche, dicen las autoridades, la sanción puso el foco en una pieza suelta del motor, no en el vehículo completo. Sin embargo, reconocen que hace falta revisar mantenimientos y contratos para que la confianza de la ciudadanía no se vea afectada.
La UIF informó que detectó irregularidades contables y posibles fallas en procesos de contratación, pero puntualizó que en sus primeras investigaciones no emergieron vínculos con organizaciones criminales. Ese matiz fue clave para que la Secretaría de Seguridad de Baja California asegurara que las investigaciones internas continuarán sin afectar operativos ni el acceso a servicios esenciales.
Desde el ámbito local, la Fiscalía señaló que ya inició auditorías administrativas y que, en caso de confirmarse irregularidades, emprenderá las acciones legales correspondientes. La respuesta coordinada entre OFAC, UIF, Fiscalía y autoridades estatales busca, según los comunicados, evitar afectaciones a la operatividad en seguridad pública y a los recursos destinados a programas sociales.
¿Qué cambia para la gente? En el corto plazo, según especialistas consultados por este diario, lo más probable es que no haya impacto directo en la seguridad cotidiana: los patrullajes, la atención de denuncias y los servicios forenses seguirán su curso. En el mediano plazo, la expectativa es que se refuercen controles de transparencia en licitaciones y contrataciones para evitar que empresas con irregularidades sigan prestando servicios públicos.
Este episodio abre preguntas sobre la fiscalización de proveedores y la coordinación entre autoridades mexicanas y organismos internacionales. La ciudadanía, en tanto, puede exigir mayor transparencia: revisar contratos, publicar auditorías y permitir un escrutinio público claro son pasos que proponen tanto organizaciones civiles como especialistas en políticas públicas.
Fuentes: Presidencia de la República, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Fiscalía General del Estado de Baja California y Secretaría de Seguridad de Baja California.
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