Oaxaca propone constitución intercultural para proteger derechos sociales
El Gobierno de Oaxaca informó que, de cara a la discusión legislativa, presentó una propuesta de nueva Constitución con enfoque intercultural que busca garantizar y blindar derechos sociales. Según el Gobierno de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz participó en la etapa informativa de los Diálogos Interculturales convocados por el Congreso del Estado, donde se explicó la iniciativa y se recogieron opiniones de pueblos y comunidades.
La propuesta, según la misma fuente, plantea reconocer la diversidad cultural y lingüística de Oaxaca como eje rector y convertir derechos como la salud, la educación, la vivienda y el acceso al agua en obligaciones constitucionales del estado. En la práctica, esto significaría, por ejemplo, garantías para la educación bilingüe, el acceso a servicios de salud con enfoque intercultural y mecanismos de consulta previa para decisiones que afecten territorios indígenas.
Para quien vive en zonas rurales, esto no son palabras: implicaría más recursos y reglas claras para que clínicas, escuelas y programas sociales funcionen en su lengua y con respeto a sus formas de vida. Es una propuesta que pretende servir como andamio legal para que los derechos sociales no dependan solo de programas temporales sino de normas permanentes.
El proceso, de acuerdo con el Gobierno de Oaxaca, está en una fase informativa y de diálogo con pueblos originarios. Quedan por delante debates en el Congreso local y la necesidad de acuerdos amplios: la armonización con la Constitución federal y con tratados internacionales, la asignación presupuestal para cumplir las nuevas obligaciones, y la definición de mecanismos claros para la participación comunitaria.
El avance no está exento de retos. La propuesta debe evitar vaguedades que queden buenas en el papel pero difíciles de aplicar; requiere recursos y seguimiento ciudadano. Por eso desde los Diálogos Interculturales se insistió en incluir a mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales en la elaboración final, y en establecer plazos y indicadores para evaluar el cumplimiento.
El Gobierno de Oaxaca presentó la iniciativa como un esfuerzo por reconocer la pluralidad estatal y fortalecer el acceso a derechos básicos. Ahora corresponde abrir espacios reales de deliberación, que la ciudadanía conozca las propuestas y que el Congreso asuma la tarea de convertirlas en normas precisas y financiables. Si se logra, la nueva Constitución podría traducirse en cambios tangibles en el día a día de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños; si no, correrá el riesgo de quedarse en buena intención.
La invitación del Gobierno de Oaxaca y del Congreso es clara: participar en los Diálogos Interculturales y vigilar que los compromisos se vuelvan obligaciones verificables.
