De la ley seca a sinaloa: cómo el narco puso en jaque a instituciones y elecciones

Por Raúl Nathán Pérez

La historia del narcotráfico en México no empezó ayer. Desde la prohibición del alcohol en Estados Unidos en 1920 hasta el auge del opio y la heroína en los años cuarenta, hay rastros documentados de redes que conectaron productores mexicanos con mafias estadounidenses. Así lo describen Roberto Saviano en Cero, cero, cero (Anagrama) y Juan Alberto Cedillo en La Cosa Nostra en México (Grijalbo).

En Sinaloa, la conversión del estado en un centro productivo y de contrabando se aceleró en los años sesenta, cuando, según José Luis García Cabrera, entre 1966 y la década siguiente una parte importante de la heroína y casi toda la marihuana que llegaban a EU tenían origen mexicano. La frase atribuida al gobernador Leopoldo Sánchez Celis —“Que se vayan de Sinaloa; que se maten donde quieran; que aquí nomás trabajen”— resume una mezcla de tolerancia y resignación que dejó territorios y autoridades permeables al crimen.

La influencia del dinero ilícito en la política ya fue alertada por el general Jorge Carrillo Olea desde los años noventa. En 2011 advirtió que los flujos del narco representaban una amenaza para las instituciones. Esa advertencia encuentra eco en análisis contemporáneos. Edgardo Buscaglia y reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han señalado cómo el lavado de activos ha servido para financiar candidaturas y operaciones políticas, fenómeno que cobró relevancia en los procesos de 2021.

En la narrativa pública reciente, figuras como Donald Trump han calificado a los cárteles como organizaciones terroristas, subrayando el problema desde la óptica de seguridad nacional. Pero más allá de etiquetas, lo que importa para la ciudadanía es que el narcotráfico erosiona el estado de derecho, captura espacios públicos y distorsiona elecciones.

El desafío es doble. Primero, recuperar institucionalidad con investigaciones transparentes, rendición de cuentas y coordinación internacional, algo que requieren señales claras del poder público. Segundo, fortalecer políticas sociales y económicas que reduzcan la oferta y la demanda, desde el desarrollo rural hasta programas de salud y educación.

Como plantea la evidencia reunida por autores y organismos citados, la historia no se borra. Pero reconocer el pasado permite diseñar respuestas más efectivas. La ciudadanía debe exigir transparencia en el financiamiento de campañas y sanciones reales contra la corrupción. Sólo así se podrá cortar, de raíz, la complicidad que hoy sigue alimentando la violencia y la impunidad.

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