Por qué las mujeres declaran pagar menos mordidas en México
Un análisis de los datos de la ENCIG (2011-2023) del INEGI pone sobre la mesa una pregunta que estaba implícita en las estadísticas: ¿por qué las mujeres y las personas con menor escolaridad reportan haber pagado menos sobornos?
La investigación no ofrece una sola respuesta, pero sí traza varias pistas claras. Primero, la diferencia parece ligada al tipo de contacto con autoridades: los hombres, en especial jóvenes, tienen más probabilidades de ser detenidos en la calle o en controles viales, situaciones donde florecen las «mordidas». En cambio, muchas mujeres interactúan con el Estado en trámites administrativos distintos o a través de redes de atención que reducen la exposición a esos controles informales.
Otra explicación que surge de los datos de la ENCIG es la capacidad de pago y la negociación. Quienes tienen menor nivel educativo y menor ingreso aparecen con menor frecuencia como pagadores, pero eso no siempre significa menor victimización: en ocasiones se traduce en exclusión de ciertos servicios o en resignación frente a la falta de recursos para «resolver» una situación mediante sobornos.
La desigualdad de género también actúa por empatía y estereotipos: algunas autoridades pueden evitar confrontaciones con mujeres por normas sociales, lo que reduce ciertos tipos de extorsión, mientras que en otros casos las mujeres recurren más a canales formales para denunciar, lo que inhibe prácticas corruptas. El punto importante es que el dato de «menos pago» no equivale automáticamente a «menos corrupción»; más bien señala diferencias en exposición, roles sociales y poder económico.
Desde el punto de vista de políticas públicas, los hallazgos de la ENCIG obligan a pensar en medidas con perspectiva de género y clase: simplificar trámites, digitalizar procesos para reducir el contacto presencial, fortalecer canales seguros y accesibles de denuncia, y capacitar a servidores públicos para evitar sesgos en el trato. También es clave monitorear no solo cuánto se paga, sino quién queda excluido de servicios por no poder “resolver” con dinero.
En términos cotidianos, la lección es sencilla: una cifra menor de mordidas pagadas por mujeres refleja una combinación de protección social, menor exposición a ciertos riesgos y desigualdades económicas. Para combatir la corrupción cotidiana hace falta mirar esas diferencias y diseñar soluciones que cuiden a quienes más vulnerables resultan ante prácticas informales.
Fuente: análisis de datos de la ENCIG (2011-2023), INEGI.
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