Desmantelan cuatro «refinerías» clandestinas y aseguran más de un millón de litros
Operativos conjuntos en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos permitieron el aseguramiento de combustibles, maquinaria industrial y equipo de extracción
Autoridades estatales y federales informaron que, tras una serie de operativos coordinados, se desmantelaron cuatro instalaciones dedicadas al procesamiento y comercialización ilegal de combustibles en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. Las instituciones que participaron en las acciones fueron las fiscalías estatales, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, según los reportes oficiales.
El aseguramiento supera el millón de litros de petrolíferos en conjunto, además de bombas, tanques, tubería, camiones cisterna y equipo industrial usado para la extracción y adulteración de combustible. En algunos puntos se encontraron talleres improvisados y sistemas de destilación. Las autoridades señalaron que las instalaciones operaban como refinerías clandestinas, con riesgos importantes para la población y el medio ambiente.
El fenómeno del huachicol, explican las fiscalías, no solo representa un golpe para la economía de Pemex; también implica peligro inmediato para comunidades cercanas debido a fugas, incendios y contaminación del suelo y del agua. Vecinos de localidades aledañas a una de las plantas en Hidalgo relataron preocupación por olores fuertes y plantíos afectados, lo que confirmó la necesidad de actuar con urgencia.
En conferencia, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional explicaron que las acciones fueron producto de investigaciones previas y trabajos de inteligencia. No se descartaron detenciones y se inició el procedimiento jurídico correspondiente para asegurar los bienes y continuar con las pesquisas.
Este operativo muestra avances en la intervención contra redes que se lucran del robo de combustibles, pero también subraya que el problema persiste y se adapta. Expertos consultados por las autoridades advierten que mientras exista demanda y facilidad para transportar y comercializar combustible robado habrá incentivos para operar estas instalaciones clandestinas.
Las autoridades anunciaron que continuarán las inspecciones en la región y reforzarán el intercambio de información entre las fiscalías estatales y las fuerzas federales. Entre las medidas propuestas figuran mayor vigilancia en ductos, controles más estrictos en transporte de hidrocarburos y programas locales de denuncia ciudadana, con garantías de protección para quienes informen sobre actividades ilícitas.
Para las comunidades afectadas, el reto es doble: recuperar la seguridad y garantizar la reparación ambiental. Las fiscalías indicaron que ya se evalúa el daño ecológico y se coordinarán acciones de remediación con instancias ambientales y con Pemex.
Este suceso interpela a las autoridades y a la sociedad: las soluciones requieren no solo operativos puntuales, sino políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad de ductos y transportes, combatan la corrupción y ofrezcan alternativas de empleo en zonas donde el huachicol se arraiga. La participación ciudadana, la transparencia en las investigaciones y la cooperación entre niveles de gobierno serán clave para que estos decomisos no sean solo un golpe momentáneo, sino un paso hacia la erradicación de una actividad que pone en riesgo la vida y el patrimonio de las comunidades.
Fuentes: fiscalías estatales de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos; Secretaría de la Defensa Nacional; Guardia Nacional; Petróleos Mexicanos.
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