El informe: rendir cuentas o administrar el aplauso
En Oaxaca, la rendición de cuentas volvió a confundirse con movilización política. El Tercer Informe del gobernador Salomón Jara Cruz cumplió con la formalidad constitucional, pero el fondo quedó atrapado en la forma. El acto institucional derivó en mitin, y el balance de gobierno se diluyó entre consignas, narrativa triunfalista y el discurso reiterado de la llamada “Primavera Oaxaqueña”. No es que informar esté mal; el problema es cuando el informe deja de ser un ejercicio crítico y se convierte en un escaparate de legitimación anticipada. En paralelo, conflictos como el del Decreto 24 y el malestar sindical siguen latiendo sin solución de fondo, recordando que la gobernabilidad no se mide en aplausos sino en decisiones que resisten el desgaste del tiempo.
Héctor Pablo y el PRI: la descomposición hecha visible
En ese mismo tablero apareció una imagen que incomodó más de lo que sorprendió: Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva reunido con priistas. La fotografía no creó la crisis, la exhibió. Lo que siguió fue la confirmación del desorden interno del PRI en Oaxaca. El dirigente nacional, Alejandro Moreno, llamó a María del Carmen Ricárdez para cuestionar lo que ocurre en el partido, y la respuesta fue un comunicado tibio y un intento fallido de forzar a los presentes a desmentir lo evidente. Nadie obedeció. La dirigencia local está rebasada y sin autoridad real.
El PRI dejó de ser un partido político para convertirse en una administración de prerrogativas, donde los mismos de siempre se reparten posiciones, bloquean a nuevas generaciones y se aferran a las plurinominales como último salvavidas. El partidazo que construyó instituciones y controló presupuestos hoy es apenas una caricatura electoral, especialmente en Oaxaca. Su caída no se explica solo por la 4T, sino por décadas de corrupción, autoritarismo y decisiones cupulares que erosionaron la confianza ciudadana incluso antes del año 2000. En ese contexto, figuras como Héctor Pablo no traicionan a nadie: simplemente se acomodan en un sistema que ya colapsó.
La pregunta es, ¿cómo cuántos votos garantiza Carmelita Ricardez?
Y por otro lado, ¿Elizabeth Acosta podría siquiera tener un voto en su calle?
Así de fácil la crisis del PRI.
La ciclovía y el microautoritarismo cotidiano
Si la política estatal muestra desgaste, en lo local la descomposición se expresa en escenas aparentemente menores pero profundamente reveladoras. El conflicto en el Polideportivo Villa Primavera, en la capital oaxaqueña, es un ejemplo claro. Un ciclista fue increpado por personal de seguridad mientras circulaba por la ciclovía, espacio diseñado precisamente para ese fin. El usuario respondió mostrando la normativa interna que permitía una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora. La discusión se viralizó y evidenció la falta de criterio y capacitación del personal.
La reacción de los administradores fue aún peor: retiraron los señalamientos de velocidad y “parcharon” otros, dejando un absurdo límite de 1 km/h. No resolvieron el problema, lo evadieron. Mientras tanto, peatones y corredores continúan invadiendo la ciclovía sin restricción alguna, generando fricción, confusión y enojo entre los usuarios. Las redes sociales hicieron lo suyo: insultos al ciclista por usar una ciclovía y silencio ante quienes la invaden, una postal perfecta del desorden normalizado.
El episodio revela algo más profundo: la ausencia de reglas claras, la mala aplicación de normas y una lógica de microautoritarismo donde el criterio sustituye al reglamento. Lo mismo que ocurre en la política grande se reproduce en lo cotidiano: decisiones improvisadas, autoridades sin capacitación y ciudadanos enfrentados por la falta de conducción.
Oaxaca vive así, entre informes convertidos en mitines, partidos que se deshacen por dentro y ciclovías donde nadie sabe quién manda. El problema no es solo de poder, sino de reglas. Y cuando no hay reglas claras, el conflicto —grande o pequeño— siempre termina estallando.
Huajuapan: el regreso de las extorsiones de Chuponcito
En Huajuapan de León el pasado regresó sin pedir permiso. Comerciantes del municipio han comenzado a denunciar lo que describen como una nueva oleada de cobros excesivos y arbitrarios al comercio establecido, presuntamente impulsados desde el gobierno municipal encabezado por el presidente panista-morenista Luis de León. La cifra que se repite en los testimonios es tan clara como escandalosa: hasta 15 mil pesos anuales por un simple anuncio comercial, sea de una miscelánea, una papelería o una tienda de pinturas.
El cobro, lejos de percibirse como una contribución ordenada, es visto por los comerciantes como una extorsión institucionalizada, una práctica que recuerda los peores vicios de administraciones pasadas donde el permiso se convertía en castigo y la licencia en amenaza. No hay criterios claros, no hay explicación técnica convincente y, según los afectados, el mensaje es simple: pagas o te clausuran.
La molestia crece porque Huajuapan no atraviesa precisamente un momento de bonanza económica. El comercio local sobrevive entre inflación, baja en ventas y competencia informal, mientras el ayuntamiento parece haber optado por exprimir al pequeño negocio como fuente rápida de ingresos. Para muchos, no se trata de regulación urbana sino de recaudación voraz, aplicada con discrecionalidad y sin sensibilidad social.
Las redes sociales ya bautizaron la práctica con nombre propio y tono de hartazgo. Pero más allá del calificativo, el fondo es serio: cuando un gobierno municipal convierte los trámites en mecanismos de presión, la línea entre legalidad y abuso se vuelve peligrosamente delgada. Y cuando el cobro se percibe como castigo, la autoridad pierde legitimidad.
Huajuapan enfrenta así una paradoja conocida en Oaxaca: gobiernos que dicen combatir la corrupción mientras reproducen viejas mañas con nuevos sellos. Si las denuncias se sostienen, no estamos ante un error administrativo, sino ante un modelo de gobierno que ve al comercio como botín y no como motor económico. Comerciantes encabezados por David Martinez y José Ballesteros así como un abarrotero ya convocan a un boicot al ayuntamiento, sin embargo dicen que a ambos les incomoda realmente que el ayuntamiento no les consuman sus productos. Tsssss.
En política municipal, como en la estatal, el abuso comienza cuando nadie pone freno. Y en Huajuapan, el descontento ya empezó a tomar forma.
Ahí nomás.