Claudia Sheinbaum inaugura nuevo hospital IMSS Bienestar en Tuxtepec
Por años, Tuxtepec y la región norte de Oaxaca han cargado con un rezago histórico en materia de salud pública. El pasado fin de semana, con bombo, platillo y cifras millonarias, se inaugura el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar: una inversión de 2 mil 300 millones de pesos, 150 camas, 25 consultorios, quirófanos, tomógrafo, ambulancias… un equipamiento que promete beneficiar a más de un millón de personas. ¿Una buena noticia? Por supuesto. ¿Una hazaña? No tanto.
La realidad es que esta inauguración llega con retraso, tanto en el calendario como en la justicia social. En una región marcada por la pobreza, la marginación y el abandono institucional, este hospital no es un regalo, es una deuda tardíamente saldada. Esta obra inaugurada por la Presidenta de México, Claudida Sheimbaun Pardo el pasado fin de semana en la región de la cuenca del Papaloapan, para haber sido edificada en un tiempo récord.
Y es ahí donde se encuentra uno de los retos más graves y persistentes del sistema: el abasto de medicamentos. El desabasto no es una anécdota, es una crisis crónica que ha golpeado de lleno a quienes menos tienen. La pregunta no es si el hospital está equipado, sino si estará abastecido. Porque una infraestructura de primer nivel con estanterías vacías es, al final, una simulación.
El IMSS-Bienestar —emblema de la centralización del sistema de salud— quiere presentarse como la cura del modelo anterior. Pero el problema no es sólo de ladrillos, sino de gestión, logística y voluntad política. ¿Quién garantizará que este hospital funcione de forma constante, con personal suficiente, abasto regular de medicamentos y atención digna? ¿O será otro elefante blanco, donde la modernidad sólo es fachada?
Hay que ser claros: la salud no se mide en metros cuadrados ni en cifras infladas para la propaganda. Se mide en la capacidad de respuesta ante emergencias, en la confianza de la gente que acude a una consulta sin tener que endeudarse, en que un paciente no tenga que viajar cinco horas para ser atendido… o para conseguir una caja de paracetamol. Sí, el hospital era necesario. Pero no es una victoria, es un mínimo.
Clase política asiste a la Guelaguetza; ¿antesala del 2028?
La Guelaguetza, máxima expresión de la cultura y el alma oaxaqueña, vuelve a convertirse en escenario de algo más que danza y tradición: la política se sube, una vez más, al escenario principal. Este año, el gobernador Salomón Jara Cruz optó por rodearse de figuras que, más que reforzar un discurso de unidad o desarrollo, parecen responder a cálculos personales y alianzas de ocasión.
Ahí estuvo Jorge Álvarez Máynez, reciente excandidato presidencial por Movimiento Ciudadano, que se paseó como si la derrota no lo tocara. Su presencia en la máxima fiesta del pueblo oaxaqueño genera más preguntas que respuestas: ¿es un gesto de pluralidad o el primer síntoma de una cercanía inesperada con el oficialismo local? ¿Fue invitado para lavar su imagen o para proyectar alianzas futuras disfrazadas de turismo cultural?
Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente Electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien también hizo acto de presencia a invitación del titular del poder ejecutivo, Salomón Jara Cruz. Probablemente una relación muy cordial, hizo que asistiera a la primera emisión de la máxima fiesta de las y los oaxaqueños. Por cierto, el 1 de septiembre Aguilar Ortiz tomará de manera formal las riendas de la SCJN.
La presencia de Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, puede leerse como una cortesía entre aliados de la 4T. Pero también evidencia el uso político de la Guelaguetza como plataforma de legitimación entre pares. Su llegada no pasa desapercibida en un momento donde su estado enfrenta graves conflictos sociales y ambientales: ¿fue a celebrar la cultura o a distraer la atención?
Y finalmente Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría del Gobierno de México, asiste en calidad de operadora leal del oficialismo. Es bien sabido que para la Presidenta de México, la entidad oaxaqueña representa una bastión importante para Morena, es por ello que su atención hacia la entidad es de vital importancia. Seguramente Claudia, podría estar presente en el cierre de la Guelaguetza 2025 para enviar un mensaje político de unidad y control.
La Guelaguetza no debería ser usada como escaparate político. No puede convertirse cada año en el pretexto para tomarse la foto con quienes tienen una agenda que nada tiene que ver con las comunidades que sí viven, bailan y sostienen esta tradición.
Mientras en las regiones se lucha por atención médica, caminos transitables o seguridad básica, el gobierno estatal se enfoca en engalanar el palco oficial con figuras nacionales, muchas de ellas ajenas a Oaxaca. El mensaje es claro: primero el espectáculo, luego el pueblo.
La Guelaguetza no es una pasarela política. Es el corazón vivo de una cultura que ha resistido siglos de exclusión. Convertirla en una alfombra roja para intereses de coyuntura es no entender nada… o entenderlo demasiado bien.
Emiten medida cautelar contra periodista oaxaqueño; no puede mencionar a funcionaria pública
En un país donde ejercer el periodismo es, muchas veces, una sentencia no escrita, Oaxaca suma un nuevo capítulo vergonzoso a su historial de agresiones contra la libertad de expresión. Esta vez, no se trató de una amenaza anónima, ni de un atentado disfrazado de accidente. No. Esta vez, fue una medida oficial, firmada y legalizada por la propia autoridad encargada de impartir justicia.
La Vicefiscalía Regional de la Mixteca determinó imponer una medida cautelar restrictiva al periodista Alejandro L. L., del portal “Nuevo Siglo”, luego de que este denunciara presuntas irregularidades en la oficina del Registro Civil en Asunción Nochixtlán. Es decir, el Estado —en lugar de investigar a fondo la denuncia— decidió callar al denunciante.
Lo preocupante no es solo la medida en sí, sino lo que representa: un intento institucional de criminalizar el periodismo incómodo, ese que no responde a boletines oficiales ni se somete al ritmo de las relaciones públicas gubernamentales. En una región como la Mixteca, históricamente marginada y donde los medios locales son esenciales para visibilizar abusos, esto es una agresión directa a la democracia comunitaria.
Mientras el discurso oficial presume respeto a los derechos humanos y libertades, en los hechos la maquinaria institucional se emplea para intimidar y censurar. Este caso no es aislado: forma parte de una tendencia cada vez más peligrosa, donde criticar a un funcionario puede significar enfrentarse a un aparato estatal que actúa con rapidez para castigar al mensajero y no al corrupto.
Ahí nomás…