Familias exigen justicia tras 500 días sin avances en búsqueda estatal
Familias denuncian tardanza en el Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas y piden resultados inmediatos.
Oaxaca.— Hace 500 días que el gobierno estatal aprobó un programa para localizar a personas desaparecidas. Para las familias, ese anuncio quedó en papel: denuncian retrasos, falta de información y resultados que no llegan. «Es como esperar a que el reloj avance y quedarse siempre en la misma hora», dice María Hernández, madre de un joven desaparecido, mientras sostiene la foto de su hijo.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reconoce la existencia del programa, pero según familiares y activistas consultados, la ejecución ha sido lenta y la comunicación insuficiente. La Comisión Nacional de Búsqueda ha señalado en informes recientes la necesidad de fortalecer capacidades locales, pero los familiares reclaman medidas concretas: más personal especializado, acceso a bases de datos forenses y transparencia en los procesos.
En la plaza central de la ciudad, un grupo de madres y padres se reunió para exigir respuestas. Piden, además de acelerar las búsquedas, la publicación periódica de avances y la apertura de mecanismos de participación ciudadana para revisar estrategias. «No pedimos favores, pedimos justicia», afirma José Martínez, cuyo hermano desapareció hace tres años.
Organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las familias destacan que no basta con aprobar programas: la implementación requiere recursos, coordinación interinstitucional y acompañamiento psicosocial para las víctimas. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda recalcan que la comparación con otros estados muestra que los resultados dependen tanto de voluntad política como de inversión técnica.
El costo humano es palpable. Las familias cuentan noches sin dormir, búsquedas propias en comunidades y una sensación permanente de incertidumbre que afecta el trabajo, la salud y la convivencia. Una abuela resume la carga en palabras sencillas: «Nos dieron esperanzas, pero vivimos de pendientes».
Frente a esta situación, los colectivos han planteado propuestas concretas: rendición de cuentas trimestral, conformación de brigadas mixtas con peritos independientes, mayor acceso a información genética y campañas locales para proteger testimonios. Exigen que la Fiscalía estatal y las autoridades responsables rindan cuentas en público y que la Comisión Nacional de Búsqueda acompañe la verificación de avances.
La exigencia de las familias llega en un momento clave para la política de búsqueda en el país. El reto, dicen especialistas consultados, no es solo hallar a las personas desaparecidas, sino convertir la búsqueda en una política pública sostenible que evite la repetición del daño. Eso implica transformar promesas en pasos medibles y visibles para las comunidades afectadas.
Las familias anunciaron que mantendrán la presión: habrá nuevas movilizaciones y solicitudes formales de audiencia con autoridades estatales. Mientras tanto, en las calles y en las casas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué se hizo en estos 500 días y qué se hará ahora para devolver respuestas a quienes esperan?
Fuentes: Fiscalía General del Estado de Oaxaca; Comisión Nacional de Búsqueda; testimonios de familiares recopilados por este medio.
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