Exsecretaria acusa a Cabeza de Vaca de ordenar contratos a Carmona y exige investigar la cadena de mando
Por un joven periodista
La exsecretaria involucrada en las denuncias por adjudicaciones públicas aseguró que fue obligada por el entonces gobernador Francisco Cabeza de Vaca a otorgar contratos a la empresa vinculada con Carmona. En declaraciones a este diario, la funcionaria pidió que la Fiscalía General de la República y los órganos de control revisen “toda la cadena de mando” para deslindar responsabilidades.
La denuncia, según la exsecretaria, no se limita a decisiones aisladas: describe presiones directas y órdenes de superior jerarquía para favorecer a ese proveedor. “No era una sugerencia, era una instrucción”, dijo la servidora pública, quien también solicitó garantías para testificar y protección para su equipo administrativo.
El caso impacta en lo cotidiano: contratos públicos implican recursos de la ciudadanía destinados a servicios y obras que deben ser transparentes. Si las adjudicaciones se hacen por criterios distintos a la ley o el interés público, la confianza en la gestión y el uso de recursos se erosiona y los servicios pueden deteriorarse.
Contexto: Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, ha enfrentado en los últimos años investigaciones por presuntos delitos vinculados con su gestión. La exsecretaria plantea ahora ampliar las indagatorias más allá del proveedor y los montos: quiere que se analice quiénes dieron las órdenes, cómo se documentaron las decisiones y si hubo participación de funcionarios de distintas dependencias.
En entrevista con este diario la funcionaria entregó documentos y solicitó que la Contraloría, la FGR y la Comisión de Fiscalización del Congreso revisen expedientes, contratos y actas administrativas. Pidió además auditar pagos y comparar procesos de adjudicación para detectar patrones.
Fuentes cercanas al exgobernador han guardado silencio o han rechazado hacer declaraciones públicas sobre estas nuevas acusaciones. Las autoridades señaladas aún no han informado, de manera oficial, si abrirán nuevas carpetas de investigación a partir de las afirmaciones de la exsecretaria.
Lo que sigue: la exigencia de la funcionaria abre un proceso que puede derivar en investigaciones administrativas y penales. Para que avance, experts legales y organizaciones de transparencia consultadas por este diario coinciden en la necesidad de acceso a contratos, facturas y comunicaciones internas que demuestren la cadena de instrucciones.
El llamado final de la exsecretaria fue político y ciudadano: pidió a las instituciones actuar con rapidez y a la sociedad mantenerse vigilante. “No se trata solo de nombres, sino de recuperar recursos y poner orden para que los servicios lleguen a la gente”, afirmó.
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