Tragamonedas bajo amenaza: operadores entregan cientos de miles de pesos al mes al cjng
Desde 2021, mensajes por WhatsApp ordenan entregas en efectivo; la Fiscalía de Jalisco investiga pero los afectados piden protección real
Los operadores de salones de juegos y tragamonedas en Jalisco y otras entidades enfrentan un esquema de extorsión que, según la investigación de este periodista, opera desde 2021. Las víctimas reciben mensajes por WhatsApp con instrucciones precisas para dejar pagos en efectivo en puntos de entrega o para hacer la entrega personal, siempre bajo la amenaza de violencia contra empleados y familiares.
Propietarios consultados por este diario reportan montos mensuales que van desde decenas hasta cientos de miles de pesos, dependiendo del tamaño del negocio y de la zona. «Nos pidieron 150 mil al mes, si no pagábamos iban a quemar el local», contó un responsable que pidió no ser identificado por seguridad. Otro operador dijo que en barrios pequeños la cuota ronda 30 mil pesos mensuales, una cifra que para muchos representa la mayoría de sus ganancias.
La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó a este medio que existen carpetas de investigación relacionadas con extorsión a establecimientos de apuestas y que se han identificado patrones de comunicación a través de aplicaciones móviles. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra el fenómeno de la extorsión como uno de los delitos que más afecta a micro y pequeñas empresas, aunque las cifras oficiales a menudo quedan por debajo del problema real por la subdeclaración.
El modo de operación es similar en varios municipios: los mensajes llegan con amenazas, teléfonos con números cambiantes y órdenes para entregar el dinero en efectivo en puntos que varían cada semana. Varios operadores relataron que las entregas las recogen hombres vestidos de civiles, a veces en vehículos con placas distintas.
La combinación de miedo, desconfianza en la respuesta policiaca y la urgencia de mantener empleos hace que muchos propietarios no denuncien. «Si vas a la Fiscalía te dicen que deberías haber grabado o esperado a que pasara algo; nosotros preferimos pagar y seguir», explicó otro afectado.
Especialistas consultados por este periódico señalan que la extorsión no solo erosiona ingresos, también cierra negocios, reduce empleos y fomenta la economía informal. Para romper el círculo, proponen tres medidas concretas: atención inmediata y segura a denuncias, esquemas reales de protección para denunciantes y programas municipales que fortalezcan la formalidad y reduzcan la vulnerabilidad económica de pequeños comercios.
Desde la Fiscalía de Jalisco aseguran que hay operativos y líneas de investigación, y que trabajan en coordinación con autoridades federales para rastrear redes y patrones de cobro. Sin embargo, los afectados demandan resultados visibles: mayor presencia policial preventiva, protocolos que permitan denunciar sin exponer a trabajadores, y estrategias sociales para recuperar la confianza.
Esta investigación reafirma que la extorsión afecta la vida cotidiana de comunidades enteras. La recomendación de este diario es clara: documentar las amenazas cuando sea posible, denunciar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco y buscar acompañamiento de organizaciones civiles que ofrezcan apoyo legal y psicológico. Solo con medidas públicas con enfoque social y protección efectiva se podrá reducir el costo humano y económico que hoy pagan los operadores de tragamonedas.
Reporta cualquier caso a las autoridades competentes y busca asesoría. Esta nota se basa en testimonios recabados por este periódico y en comunicaciones oficiales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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