Empresas de los Hernández Casillas facturaron más de 2 mil mdp a órganos electorales, según la Secretaría de la Función Pública
El gobierno federal dio a conocer un informe que apunta que empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos con 23 organismos electorales estatales desde 2014. La información, difundida por la Secretaría de la Función Pública, abre dudas sobre los procesos de contratación en entidades encargadas de organizar las elecciones a nivel local.
Según el documento oficial, los contratos se distribuyeron a lo largo de varios años y con distintos organismos estatales encargados de la logística y aspectos técnicos de los procesos electorales. No se trata solo de cifras: para la ciudadanía significa que recursos públicos destinados a garantizar la democracia fueron canalizados a empresas con vínculos familiares, un dato que exige explicaciones claras y mecanismos de control más fuertes.
Para entender la dimensión del hallazgo, imagine que en cada elección una parte del presupuesto destinado a organizar casillas, imprimir boletas o contratar servicios técnicos termina pasando por las mismas manos. Eso puede no ser ilegal por sí mismo, pero sí plantea preguntas sobre competencia, transparencia y conflicto de interés.
La Secretaría de la Función Pública entregó el reporte al que hace referencia el gobierno y en el que se listan los contratos y los montos. Hasta ahora no se han anunciado sanciones ni responsabilidades administrativas concretas; las autoridades han dicho que corresponde a las instancias de fiscalización y, en su caso, a la Fiscalía investigar y determinar si hubo irregularidades que ameriten sanción.
¿Por qué importa para la gente? Porque cuando los recursos públicos no se licitan con claridad o cuando las adjudicaciones parecen repetitivas hacia los mismos actores, el riesgo es que se privilegien intereses privados sobre la calidad del servicio y el ahorro para la sociedad. Eso impacta en la confianza en las autoridades electorales y, por extensión, en la legitimidad de los procesos que definen quiénes nos gobiernan.
Expertos en transparencia consultados por este periódico señalan que, ante hallazgos así, es necesario:
1. Abrir los expedientes completos de contratación para consulta pública, con toda la documentación que sustente la adjudicación.
2. Que la Auditoría Superior y las instancias estatales de fiscalización revisen los procedimientos y, si existen responsabilidades, las persigan.
3. Fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos de interés en los órganos electorales y en las áreas de adquisiciones públicas.
En términos prácticos, la ciudadanía puede pedir acceso a la información y exigir que los contratos, bases de licitación y dictámenes técnicos estén disponibles en portales abiertos. La transparencia no es solo una exigencia técnica: es una herramienta para que cada peso público rinda y para que la democracia funcione con reglas claras.
El caso de los Hernández Casillas llega en un momento en que México debate cómo mejorar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos. La llamada a las instancias responsables es doble: esclarecer si hubo algún ilícito y, de ser necesario, aplicar sanciones; y, al mismo tiempo, modernizar procesos para que no se repitan prácticas que erosionan la confianza ciudadana.
Seguiremos dando seguimiento a las investigaciones oficiales y a las respuestas de los organismos electorales involucrados. Mientras tanto, la recomendación es que las autoridades responsables —la Secretaría de la Función Pública, las auditorías estatales y federales y, si procede, la Fiscalía— actúen con rapidez y transparencia para que la sociedad pueda conocer la verdad y recuperar seguridad en las instituciones que organizan nuestras elecciones.
Fuente: Secretaría de la Función Pública.
