A un paso del sistema internacional, México sigue sin ratificar el protocolo que permitiría denunciar violaciones sociales
La directora de Di-sentir A.C., Tania Ramírez Hernández, advirtió que desde 2018 permanece pendiente la aprobación de un protocolo de la ONU que abriría la vía internacional para que víctimas y colectivos presenten quejas por violaciones a derechos económicos, sociales y culturales.
En conversación con el programa de Carmen Aristegui, Tania Ramírez Hernández explicó que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —un mecanismo que permitiría a personas y organizaciones llevar denuncias ante instancias de la ONU cuando fallen las respuestas nacionales— está todavía sin ratificar por el Estado mexicano desde 2018.
Eso significa, en la práctica, que comunidades afectadas por falta de agua, familias desalojadas sin alternativas dignas, trabajadoras de la economía informal o personas con discapacidad que enfrentan barreras sistemáticas no tienen acceso a ese canal específico de tutela internacional. Es como tener una puerta que podría conectar un barrio con ayuda especializada y dejarla cerrada con llave.
Expertos y organizaciones civiles, como Di-sentir A.C., han pedido que la ratificación avance en el Senado, institución que en México tiene la última palabra para incorporar tratados internacionales al ordenamiento jurídico. Ramírez Hernández subraya que no se trata de sustituir la justicia nacional, sino de ofrecer una vía adicional cuando los recursos internos son insuficientes o ineficaces.
Quienes defienden la ratificación argumentan que el Protocolo no impone programas concretos, sino que permite a víctimas exponer ante un órgano internacional situaciones estructurales que requieren atención: recortes presupuestales en salud, falta de vivienda digna, discriminación laboral o medidas que afectan la alimentación y la educación. Para colectivos, esa posibilidad representa un freno a la impunidad y una herramienta de incidencia política.
Desde el gobierno federal no ha habido una respuesta pública que explique con detalle las razones del retraso, y algunas fuentes consultadas por organizaciones señalan obstáculos técnicos, prioridades legislativas y debates sobre soberanía. Lo que sí ocurre es que, mientras la ratificación no se concrete, muchas personas siguen sin ese recurso adicional para buscar reparación.
Activistas proponen pasos concretos: que el Senado convoque audiencias públicas con víctimas y expertos, que la Secretaría de Relaciones Exteriores facilite información técnica y que se establezcan mecanismos de difusión para que la ciudadanía conozca qué implicaría la adhesión. La acción, subrayan, también depende de presión social: cartas, foros y seguimientos parlamentarios pueden empujar la decisión.
En última instancia, la discusión atraviesa una pregunta más amplia: ¿qué papel quiere jugar México en la protección de derechos sociales de su población y cómo valora los instrumentos internacionales como apoyo a políticas públicas? Para miles de personas en situación de vulnerabilidad, la respuesta no es abstracta: se traduce en acceso a salud, vivienda y educación dignas.
Por [Nombre del periodista], desde Ciudad de México. Fuente: entrevista con Tania Ramírez Hernández, directora de Di-sentir A.C., en el programa de Carmen Aristegui.
