Un consejo ciudadano para el INE, la propuesta del Observatorio de la Justicia
Rafael Estrada, integrante del Observatorio de la Justicia, propone integrar un nuevo Consejo General del Instituto Nacional Electoral con perfiles ciudadanos respaldados por todas las fuerzas políticas, como medida para recuperar la confianza en el organismo ante el deterioro de su credibilidad y los cuestionamientos a la gestión de Guadalupe Taddei.
La idea, explicada por Estrada al Observatorio de la Justicia, busca que el relevo en la dirección del INE no sea un simple acuerdo entre partidos, sino un proceso que incluya candidaturas ciudadanas evaluadas por criterios de independencia, trayectoria profesional y ausencia de conflictos de interés. «Se requiere un Consejo General con perfiles ciudadanos respaldados por todas las fuerzas políticas», señaló Estrada, según el documento presentado.
La propuesta pretende atacar dos problemas concretos: primero, la percepción de politización del instituto y segundo, la pérdida de confianza ciudadana que puede traducirse en menos participación electoral y menor legitimidad de las autoridades electas. Para los promotores, un consejo integrado por personas con reconocimiento público independiente facilitaría decisiones más transparentes y menos sujetas a intereses partidistas.
Entre las medidas que plantea el Observatorio de la Justicia están mecanismos públicos de postulación, entrevistas abiertas, criterios claros de evaluación y reglas estrictas de incompatibilidades y rendición de cuentas. También se sugiere que la designación cuente con el aval de diversas fuerzas políticas para evitar mayor polarización.
Sin embargo, la propuesta enfrenta obstáculos prácticos. La designación del Consejo General del INE está regulada por ley y cualquier cambio sustantivo requeriría acuerdos legislativos y negociación política, además de tiempo para definir procedimientos. Fuentes del propio instituto han señalado en ocasiones anteriores que la intervención de actores externos puede ser bienvenida siempre que preserve la autonomía técnica del organismo.
Para la ciudadanía, el impacto sería tangible si la iniciativa se traduce en mayor transparencia en procesos como la organización de elecciones, la fiscalización de partidos y la resolución de impugnaciones. Una institución percibida como imparcial no solo fortalece la democracia, sino que reduce la sensación de que las decisiones públicas responden a pactos entre actores políticos.
El Observatorio de la Justicia plantea abrir un espacio de diálogo público sobre la reforma de las reglas de designación, involucrando a academia, organizaciones sociales y ciudadanía. Ese debate, dicen, debería priorizar la confianza y la eficacia del INE por encima de ventajas partidistas.
La propuesta de Rafael Estrada y el Observatorio de la Justicia abre preguntas clave: ¿están los partidos dispuestos a respaldar perfiles ciudadanos? ¿qué criterios mínimos garantizarían independencia real? ¿qué reformas legales serían necesarias y en qué plazo podrían implementarse? De esas respuestas dependerá si la iniciativa avanza más allá de una propuesta y se convierte en un cambio que la ciudadanía pueda percibir.
Como periodista, seguiré el desarrollo del tema y buscaré las respuestas de las autoridades del INE, de los partidos políticos y de organizaciones civiles para contar cómo avanzan las propuestas que, en el papel, buscan restaurar la confianza en una institución central para la vida pública del país.
