De 44 a 115 muertos por choques en cinco años: Inegi alerta sobre un repunte que golpea a las familias
Las muertes por choques vehiculares pasaron de 44 en 2021 a 115 en 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esa subida, que impacta directamente a comunidades y familias, llega acompañada de un incremento del 6.81% en los servicios funerarios, un indicador de la carga social y económica que dejan estos siniestros.
Los números del Inegi muestran que lo que en un año podía ser una tragedia aislada hoy forma parte de una tendencia preocupante. Más que cifras, son hogares que pierden sostén, jornadas de trabajo y proyectos truncados. Para entenderlo: si en un barrio antes se celebraban dos funerales al año por choques, ahora podrían multiplicarse.
Expertos en seguridad vial consultados por este diario señalan factores que pueden explicar el repunte: mayor movilidad, deficiencias en la infraestructura vial, el incumplimiento de límites de velocidad y fallas en la supervisión y el mantenimiento de unidades. A eso se suma el costo para las familias cuando los servicios funerarios aumentan: gastos que en muchos casos desplazan necesidades básicas como salud o educación.
¿Qué se puede hacer? El Inegi no prescribe políticas, pero la evidencia internacional y local apunta a acciones concretas: mejorar la red vial y su señalización, reforzar controles de alcohol y velocidad, revisar el estado de vehículos de carga y transporte público, y promover campañas sostenidas de educación vial que involucren a escuelas y comunidades. También es clave fortalecer registros y seguimiento para que las políticas públicas respondan a dónde y por qué ocurren los choques.
Desde una mirada constructiva, las soluciones combinan inversión pública y participación ciudadana. Programas que prioricen transporte seguro, ciclovías y cruces peatonales, así como apoyos para víctimas y familias afectadas, reducen daños y fomentan justicia social. Las organizaciones vecinales y colectivos de víctimas pueden ser aliados para impulsar cambios locales y exigir rendición de cuentas.
El repunte en los servicios funerarios que reporta el Inegi recuerda que la seguridad vial es una cuestión de salud pública y de convivencia. Ante esa realidad, urge que autoridades estatales y federales actúen con estrategias integrales y presupuesto suficiente, mientras la sociedad exige y vigila resultados. La estadística no es un número frío: es la medida de vidas que se pueden salvar con decisiones políticas firmes y comunitarias.
Fuente: Inegi
