Oaxaca cerró una semana marcada por decisiones electorales que desarticularon proyectos familiares, un proceso de revocación ensombrecido por propaganda disfrazada de “informes”, un órgano electoral cuyo silencio inquieta, hospitales que trabajan al límite y una ola de violencia que contradice los discursos oficiales. Todo esto mientras el Gobierno presume cifras económicas cuyo origen no proviene de sus políticas.

San Antonio de la Cal: Se derrumba la planilla negra

La maniobra de Porfirio Santos Matías para mantenerse en el poder se vino abajo. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca revocó el registro de la llamada planilla negra, en la que Santos pretendía competir como primer concejal suplente mientras su hermano figuraba como propietario. La sentencia es clara: en San Antonio de la Cal no existen las figuras de reelección ni elección consecutiva en su sistema normativo interno, por lo que intentar introducirlas sin el aval de la asamblea constituye una violación directa al orden comunitario.

El TEEO recordó que el Consejo Municipal Electoral no puede modificar métodos de elección ni sustituir acuerdos de la comunidad. A esta determinación se sumó la Sala Regional Xalapa, que en el expediente SX-JDC-644/2025 confirmó que tales figuras no pueden imponerse sin aprobación de la máxima autoridad: la asamblea general. En redes sociales, la irritación fue inmediata. Se acusa a los hermanos Santos de financiar encuestas con recursos municipales, operar con ambición abierta y construir una candidatura a modo. Con la planilla fuera, crece el temor en su círculo cercano: una auditoría real podría exhibir un entramado de irregularidades que alcance consecuencias legales. Y mientras eso ocurre, en la comunidad ya hicieron leña del árbol caído.

El comentario corre como pólvora: “pues ahora sí, a ver si el muy machito de su padrino, el diputado Feria, tiene con qué sostenerlo… porque los berrinches no se financian solos. Ji ji.”

Una frase que atraviesa el ambiente con la exactitud de quien conoce la política local: cuando se cae la protección, también se caen los machitos.

Revocación de mandato y un IEEPCO cuyo silencio preocupa

La gira de “rendición de cuentas” el gobierno continúa con recursos públicos, difusión masiva y una narrativa que busca instalar una imagen de cercanía justo cuando se aproxima la revocación de mandato.

Usuarios, activistas y ciudadanas señalaron que esto constituye una forma evidente de promoción personalizada. Una crítica viral lo expresó con contundencia: “Lxs oaxaqueñxs no somos estupidxs. Con total desvergüenza, @salomonj continúa su gira haciendo campaña con dinero del pueblo para evitar la revocación”.

También se denunció que una funcionaria activa participa alentando la recolección de firmas, lo que configuraría una violación a la ley electoral al realizar actividades proselitistas siendo servidora pública en funciones.

En medio de este escenario, el silencio del IEEPCO se vuelve cada vez más llamativo. La ciudadanía observa con desconcierto cómo el instituto permanece inmóvil pese a la creciente evidencia de promoción oficialista.

Y surge una pregunta inevitable, que flota con fuerza dentro y fuera de los círculos políticos: ¿qué amenaza o presión mantiene al IEEPCO y a su presidenta en el más estricto silencio y pasividad?

La ausencia de posicionamientos y la falta de acciones oportunas profundizan la percepción de que algo, fuera del escrutinio público, limita el actuar del órgano electoral en un momento crucial.

Crecimiento económico con origen federal, no estatal

El Gobierno celebró esta semana que Oaxaca registró un crecimiento del 5.41 % en 2024 —el más alto del país—, mientras el sector secundario avanzó 13.70 %. Aunque la cifra es real, el mérito es ajeno. El impulso proviene del Corredor Interoceánico, de las dos súper carreteras a la Costa y del paquete de infraestructura federal que lleva más de una década en desarrollo. Nada de esto es producto de una estrategia económica propia del Gobierno estatal.

Celebrar políticas ajenas como triunfo propio se ha convertido en la narrativa recurrente.

ISSSTE y Servicios de Salud: una crisis sostenida y malos manejos que se acumulan

La situación del Hospital del ISSSTE en Oaxaca llegó al límite. Personal médico y administrativo trabaja bajo protesta, con mensajes en sus uniformes denunciando la falta de insumos, materiales básicos, medicamentos y equipo indispensable para la atención diaria. Lo que antes se manejaba como una carencia puntual ya se transformó en un déficit estructural que compromete la vida de los pacientes. Las quejas internas coinciden: áreas sin gasas, sin jeringas suficientes, sin sueros, sin guantes adecuados y con equipos que llevan años sin mantenimiento. Las autoridades federales se deslindan; las estatales evitan pronunciarse.

En los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) el deterioro es aún más profundo. La COEPRISO, órgano encargado de la regulación sanitaria, cumple siete meses sin administrador, lo que ha generado un vacío que permite decisiones discrecionales, retrasos, autorizaciones irregulares y un manejo opaco de programas.

Dentro de la dependencia, trabajadores señalan que la falta de estructura formal ha facilitado maniobras que involucran asignaciones dudosas y trámites exprés sin supervisión.

Las acusaciones hacia figuras que concentran facultades sin un marco operativo claro son numerosas: incapacidad para gestionar el funcionamiento básico de la institución, presuntos acuerdos con personal externo e incluso federal, y ausencia total de reglas de operación. COEPRISO termina el año sin reglamento y sin controles funcionales, mientras los SSO enfrentan problemas de abasto, contratos rezagados, servicios subrogados con sobreprecio y un déficit que no se ha explicado ante la ciudadanía. La falta de medicamentos en centros de salud, el debilitamiento de programas de prevención, retrasos en vacunación y un sistema que opera con parches ilustran un deterioro que ya se normalizó dentro de la estructura sanitaria.

Ah pero en Barroco, Canadá y Playa Brasil, no se opina lo mismo. ¡Ups!

Violencia en ascenso

Oaxaca vivió otra semana marcada por ejecuciones y ataques armados. En San Martín Mexicapam fue asesinado Ramiro Erick M.B., conocido como “El Nene”, exintegrante de Los Zetas. Horas después, en la carretera federal 175, en La Experimental, sujetos armados asesinaron a Jesús Peñaloza, quien tenía además una orden de aprehensión por homicidio. Estos hechos ocurrieron en zonas que, se supone, cuentan con vigilancia reforzada. La percepción es clara: la plaza se está calentando y la estrategia de seguridad no logra contener los focos rojos.

Y mientras en Matías Romero, rondan por todos lados fotografías y señalamientos de funcionarios posando con armas de grueso calibre. Imágenes que deberían encender alertas en cualquier administración pública circulan sin consecuencia alguna. La preocupación crece en la región, pero las autoridades no desmienten, no investigan, no aclaran. Y sí… no pasa nada.
El silencio oficial se convierte en una señal adicional de la descomposición que avanza en esa zona del Istmo.

Pero bueno, dicen que en la Ciudad de México se toma nota puntual y el expediente crece y crece.

Catastro: despojos que se repiten

También surgieron nuevas denuncias contra una tal Josefina Sánchez, conocida como “la tracalera”, acusada de presuntos despojos de terrenos en Valles Centrales y la Costa, en coordinación con personal de Catastro.

La red que se le atribuye incluye regularización fraudulenta, apropiación de propiedades y reventa mediante expedientes manipulados. Familias denuncian haber perdido tierras a través de procesos reactivados sin aviso o tramitados con una velocidad inexplicable. La impunidad sostiene estas prácticas y las extiende.

Oaxaca cierra así una semana en la que confluyen ambición política, interrogantes institucionales, un sistema de salud debilitado por malos manejos, violencia creciente y casos de corrupción que afectan áreas críticas como la regulación sanitaria y la administración catastral.

Mientras el Gobierno intenta adjudicarse triunfos ajenos, la ciudadanía se enfrenta a la realidad cotidiana de servicios públicos deteriorados, autoridades que callan y decisiones que parecen responder a intereses lejanos al bienestar común.

Ahí nomás.