Acusan a presunta familiar de exfuncionaria de SEMOVI en Oaxaca por reventa de boletos para la Guelaguetza
Una nueva polémica ensombrece la organización de la Guelaguetza 2025. En redes sociales, usuarios han denunciado públicamente a Nella De Gyves como presunta revendedora de boletos para este tradicional evento, acusándola además de tener vínculos familiares con Claudina De Gyves, ex titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de Oaxaca.
Las denuncias, que han ganado fuerza en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, señalan que Nella De Gyves habría tenido acceso privilegiado a boletos para la Guelaguetza, los cuales estaría revendiendo a precios considerablemente inflados. La situación ha generado indignación entre ciudadanos oaxaqueños y turistas que denuncian no haber podido adquirir entradas a través de los canales oficiales, agotadas en cuestión de minutos tras su salida al público.
Lo más grave del caso no es solo la presunta reventa, sino las acusaciones de complicidad entre Nella De Gyves y funcionarios actuales de la Secretaría de Turismo del estado. Algunos usuarios y activistas sugieren que la implicada podría estar operando con protección interna, aprovechando presuntos lazos familiares y políticos.
La polémica sobre la distribución de boletos para la Guelaguetza no es nueva. Desde hace años, ciudadanos han acusado irregularidades, favoritismo y corrupción en el manejo de las entradas para este evento, considerado el más importante de la identidad cultural oaxaqueña. Sin embargo, hasta ahora, pocas investigaciones han prosperado y menos aún se han traducido en sanciones reales.
Será necesario conocer la postura de la ex funcionaria estatal sobre los señalamientos que se le adjudican, además las autoridades deberían iniciar una investigación para frenar esta constante que cada año se repite en la entidad.
Llaman a boicotear actividades de la Guelaguetza por decreto 24
A través de Facebook circula un llamado contundente: boicotear la Guelaguetza 2025. No se trata de un capricho, sino de una manifestación de hartazgo ante lo que muchos consideran una traición institucional.
El origen de esta inconformidad está en el controvertido Decreto 24, aprobado recientemente por el Congreso del Estado, el cual ordena la desaparición de plazas irregulares, muchas de ellas ocupadas durante años por personal de salud y otros trabajadores del sector público. El argumento oficial gira en torno a la legalidad presupuestaria y la regularización administrativa. Pero para cientos de trabajadores despedidos, esto no es más que un eufemismo para justificar el despojo de su fuente de ingresos y el menosprecio a su servicio.
Más allá de la legitimidad del decreto —que por sí misma merece un debate técnico y ético—, lo que está en juego es la credibilidad del gobierno y la apropiación cultural de una festividad que no es del Estado, sino del pueblo. La Guelaguetza no puede convertirse en una vitrina turística mientras detrás del telón se ignoran derechos laborales, se suprime el empleo y se eleva el costo de los espectáculos sin que las comunidades obtengan beneficios reales.
El boicot a la Guelaguetza no es solo una estrategia de presión, sino un síntoma de algo más profundo: el divorcio creciente entre el discurso gubernamental y las realidades sociales. Si el gobierno quiere que la Guelaguetza se mantenga como símbolo de identidad y no como escenario de confrontación, debe empezar empezar por atender y escuchar a todos los sectores, para mantener la buena imagen.
También no olvidemos que las pasadas convocatorias lanzadas por supuestos burócratas han sido fallidas, no se juntan ni 100 personas, incluso hacen caso omiso y solo se queda plasmado en redes sociales su «descontento». Por cierto, sobre los líderes sindicales que obtuvieron beneficios (bases) para sus allegados, nada se sabe. Es más, el famoso Rosas parece como si se lo hubiera tragado la tierra.
Gobierno de Oaxaca salió a dar la cara por “la fila de tlayudas más larga”
Oaxaca lo volvió a hacer. Cuando pensábamos que nada podía superar la confusión de funcionarios bailando TikTok en horario laboral o la eterna promesa de acabar con los baches «en cien días», llega el episodio de la «tlayuda más grande del mundo». O, bueno, la línea de tlayudas más larga. Porque sí, señoras y señores, el Gobierno de Oaxaca no rompió un récord de gastronomía, sino de interpretación creativa de los términos.
La primavera oaxaqueña, organizó con bombo y platillo lo que sería un evento internacional: romper el Récord Guinness de la tlayuda más grande del mundo. La noticia se esparció como chisme de barrio. Medios, influencers y hasta turistas llegaron con la expectativa de ver una megapieza de este icónico platillo oaxaqueño. Pero en lugar de una supertlayuda, nos ofrecieron una hilera de tlayudas normales, puestas una tras otra, como si eso fuera lo mismo. El verdadero récord fue la cara de confusión de todos los presentes.
La institución Guinness lo dejó claro: no se trató de la tlayuda más grande del mundo, sino de la línea de tlayudas más larga. Un matiz, sí. Pero en política —y en la cocina— los matices importan. Mientras el gobierno presumía el «logro» en redes sociales, muchos oaxaqueños se preguntaban: ¿cuánto costó este circo? ¿Cuántos recursos públicos se fueron en logística, promoción, montaje, insumos y viáticos para lograr un récord que ni siquiera era el que se anunció? ¿No había otras prioridades más urgentes, como mejorar el transporte, abastecer hospitales o cumplir con las comunidades afectadas por los recientes sismos?
El evento huele a desesperación propagandística. Una manera de desviar la atención de los pendientes reales con un pan y circo literal. Porque si algo quedó claro, es que en Oaxaca se puede improvisar una «marca internacional» con ingredientes locales, mientras se desmoronan los pilares básicos de gobernabilidad.
Ahí nomás…