Tren, tensión y tijeras presupuestales
En Chahuites, con el viento del Istmo levantando tierra y moviendo las banderas como si fueran parte del espectáculo, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó para inaugurar la estación del Tren Interoceánico, Línea K. La escena fue la que siempre se prepara para estos eventos: saludos, discursos claros, fotos con niñas y niños, y la promesa de que ahora sí, el sureste se conectará al país de manera real, constante y moderna.
A partir de este fin de semana, el tren empezará a mover pasajeros desde Chiapas hasta Ciudad Ixtepec. La noticia se celebró, pero en la región la gente no pierde la memoria. Hay quienes ya comentan que ojalá este proyecto no termine como otros que llegaron con mucha publicidad y se fueron con poca dignidad. El ejemplo que más se repite es la autopista Mitla–Tehuantepec, que quedó en el recuerdo como una obra que sirvió más para la foto inaugural que para mejorar la vida de quienes la esperaron durante años.
En Oaxaca las obras tienen un ciclo conocido: se anuncian con entusiasmo, se inauguran con fiesta y, después, la realidad se encarga de decir si funcionaron o no. Esa parte es la que preocupa a muchos en el Istmo, donde se sabe que el territorio siempre termina siendo más fuerte que cualquier discurso.
La pelea por el dinero: un presupuesto que duele y huele raro
Mientras el tren presumía avances, otro frente igual de importante se abría en Oaxaca: el presupuesto del IEEPCO. El instituto pidió 569.12 millones de pesos para 2026, pero el gobernador Salomón Jara planteó dar solo 412.90 millones. Es una diferencia que no se puede ocultar y que cae directamente sobre las actividades más sensibles del órgano electoral.
Entre lo más golpeado está el dinero para organizar la posible revocación de mandato del propio gobernador y los recursos necesarios para iniciar la primera elección del Poder Judicial en 2027, un proceso nuevo que necesitará planeación, personal y mucha presión.
En los pasillos del Congreso y en las oficinas de Finanzas circula un comentario que no está escrito en ningún documento oficial, pero que se repite con una naturalidad que llama la atención. Se dice que los 33.17 millones para programas varios, junto con los 11.06 millones de operación, son una partida “suave”, fácil de mover, sin tantos candados como otros recursos del golpeado órgano electoral. Nadie hace una acusación directa, pero las miradas lo dicen todo.
Cuando alguien intenta explicar por qué ese dinero genera tantos comentarios, inevitablemente aparece la misma frase que lleva años repitiéndose en la política oaxaqueña: “En los rumbos del valle de Tlacolula y Teotitlán siempre se mueve más de lo que aparece en los informes.” No importa cuántas veces se escuche, la frase siempre cae en el mismo vacío: con mucha insinuación y pruebas, pero mucho chantaje y victimización.
Y es que en la SEGO se mantienen vínculos al interior del IEEPCO, y no a través precisamente de su presidenta, de donde se obtienen información, proyectos, y los intereses, que buscan traer “a raya” a la tlacolulense.
Y en medio de todo eso sigue al frente del IEEPCO su presidenta, Elizabeth Sánchez González, quien ahora debe lidiar con la presión presupuestal y con el ambiente de desconfianza que se respira alrededor del órgano electoral que increíblemente aún encabeza.
TEPJF: el respiro que necesitaba el gobierno estatal
Para agregar más movimiento al tablero, el TEPJF confirmó los lineamientos para la revocación de mandato y declaró inoperantes los argumentos de Movimiento Ciudadano. Lo que pasó fue claro: MC presentó unos reclamos en el TEEO y otros completamente distintos ante la Sala Superior. Ese cambio de ruta les cerró la puerta antes de que pudieran entrar al debate de fondo.
¿Torpeza política o jurídica? O las dos.
El Tribunal dejó firme todo. Se mantiene el mes para juntar firmas, un plazo tan corto que solo una estructura política muy organizada podría cumplirlo. En los hechos, es un filtro que beneficia al grupo en el poder.
También sigue la regla del 10% de la lista nominal en cada municipio. Ese requisito es particularmente complejo porque obliga a tocar territorios donde las dinámicas comunitarias pesan más que cualquier campaña.
Además, se mantiene la condición del 10% estatal en la mitad más uno de los municipios. Es una fórmula que obliga a recorrer prácticamente todo el estado. Más que un ejercicio ciudadano espontáneo, se trata de una operación política de gran escala. Al final, quien no tenga estructura, logística y presencia territorial no podrá avanzar.
El dirigente del PT, Benjamín Robles, estalló contra la resolución. Señaló candados, maniobras y hasta favoritismos. Pero lo cierto es que, con esta decisión, el gobierno estatal respira más tranquilo y la oposición queda con menos herramientas para activar la revocación.
Operación Sable: Juchitán hoy, ¿y mañana quién?
El 13 de noviembre, en plena madrugada, la Operación Sable entró a Juchitán con un despliegue de todas las fuerzas de seguridad. Ocho cateos al mismo tiempo, siete personas detenidas, dos enviadas de inmediato a la capital. Las autoridades señalaron que estaban vinculadas con actividades delictivas relevantes en la zona.
El mensaje fue claro: el Istmo se está revisando a fondo porque es parte fundamental del corredor interoceánico. Después del operativo, una pregunta empezó a moverse en voz baja entre los municipios vecinos: “¿Cuándo llegará la Operación Sable a esos municipios que hacen falta?” Nadie lo dice públicamente, pero todos lo piensan.
Las autoridades responden con palabras cuidadosas: etapas, valoraciones, revisiones. Pero la gente en la región tiene otra forma de entender las cosas. Cuando un operativo entra a un punto tan importante como Juchitán, casi siempre hay una lista de lugares que siguen. Por eso muchos dicen que si ya revisaron ahí, lo demás es cuestión de tiempo.
En el Istmo, los operativos no se anuncian. Se sienten antes de que lleguen.
La PABIC y la pregunta que ya no se puede evitar
El caso del elemento de la PABIC señalado por el homicidio y desaparición de la niña Noelia abrió una discusión que el gobierno estatal venía posponiendo: ¿qué se está haciendo realmente para garantizar el control de confianza de sus policías? No sirve de nada repetir que se aplican pruebas. La gente quiere saber cuántos elementos han sido evaluados, quiénes aprobaron y qué medidas se tomaron con quienes no cumplieron.
La PABIC arrastra desde hace años una fama complicada. En círculos políticos se le menciona como una corporación manejada con demasiada libertad por sus mandos. Eso ya era motivo de dudas. Pero ahora, con un caso tan grave encima, la pregunta creció: si antes se hablaba de malos manejos administrativos, ¿ahora también hay fallas más serias dentro de la corporación?
No se trata de una acusación. Es una inquietud que ya circula en espacios políticos, y que crece porque la respuesta oficial sigue sin llegar. Cuando la seguridad está en entredicho, las dudas pesan más que los discursos.
Ahí nomás.