Acusan a exalcalde de Juchitán y a La Parka por presunta complicidad con Los Cromos
La Fiscalía señala que ambos habrían encubierto y fomentado acciones de la célula ligada al CJNG en la región; vecinos piden respuestas y seguridad.
La Fiscalía General de la República informó que el exalcalde de Juchitán y un hombre conocido como La Parka fueron imputados por presunta complicidad en actividades de la célula criminal conocida como Los Cromos, identificada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona del Istmo de Tehuantepec.
Según la Fiscalía, la investigación apunta a que ambos habrían actuado para encubrir y facilitar operaciones delictivas de esa célula. Las imputaciones, explicaron las autoridades, se relacionan con conductas que van más allá de lo político y tocan la seguridad cotidiana de la región: protección de rutas, tolerancia a asentamientos de grupos armados y presunto apoyo logístico.
Esta acusación reaviva una preocupación extendida entre la población del Istmo: la toma de espacios públicos y la colusión entre autoridades locales y cárteles. Para muchas familias, la inseguridad deja consecuencias concretas: pérdida de ingresos, cierre de comercios y limitaciones para que niñas, niños y jóvenes puedan estudiar o trabajar con normalidad.
Vecinos de Juchitán, consultados por este periódico, dijeron que la noticia genera alivio y alarma a la vez. Alivio porque hay una investigación formal; alarma porque señalamientos contra actores locales confirman que la violencia y la corrupción llegan a niveles institucionales. La Fiscalía, además, anunció que continúa reuniendo pruebas y que solicitará las medidas cautelares que correspondan mientras avanza el proceso penal.
Especialistas en seguridad consultados por esta redacción señalan que la grieta entre ciudadanía e instituciones se profundiza cuando se percibe impunidad. “No basta con imputar; hace falta transparencia en las averiguaciones, protección para testigos y acciones que devuelvan certidumbre a la gente”, señaló un académico en materia de seguridad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
El caso también plantea preguntas sobre el papel de los partidos y los controles internos en los municipios. Organizaciones sociales en el Istmo han pedido que las investigaciones no queden en el ámbito penal sino que se investiguen responsabilidades administrativas y políticas, así como operaciones financieras vinculadas a posibles redes de corrupción.
Para las comunidades, las soluciones demandadas son claras y prácticas: mayor presencia policial profesionalizada, programas comunitarios de protección, apoyo para víctimas y políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la violencia, como la falta de empleo y servicios públicos. Estas medidas son las que, coinciden actores locales y expertos, pueden empezar a revertir la influencia de grupos como Los Cromos.
La Fiscalía General de la República aseguró que seguirá reuniendo pruebas y que colaborará con autoridades estatales para garantizar que el proceso sea transparente. Mientras tanto, habitantes de Juchitán y organizaciones sociales anunciaron que permanecerán vigilantes y exigirán acceso a la información y espacios de participación en las decisiones sobre seguridad.
Este caso es, en palabras de varios vecinos, una prueba de que las redes delictivas pueden permear la vida pública —y de la urgencia de que la justicia sea efectiva, visible y acompañada de políticas públicas que recuperen la normalidad para la gente común.
Fuente: Fiscalía General de la República
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