Gobierno de Oaxaca vende la calle Las Rosas por 24 millones y desata inquietud ciudadana
La vía, que pasaría a manos de Banca Mifel para ampliar el proyecto Plaza Parque, tiene dudas sobre su valuación y el destino de los recursos públicos, según reportes de El Imparcial de Oaxaca.
El gobierno de Oaxaca anunció la venta del tramo conocido como calle Las Rosas a Banca Mifel por 24 millones de pesos, operación que permitiría la ampliación del complejo comercial Plaza Parque. La información difundida por El Imparcial de Oaxaca advierte que, además del monto, persisten preguntas sobre cómo se calculó la valuación y en qué se emplearán los recursos obtenidos del patrimonio público.
Para vecinos y comerciantes de la zona, la transacción representa más que una cifra: es la posibilidad de perder espacio público destinado a movilidad peatonal y vial. Habitantes consultados señalan que no hubo suficiente socialización del proyecto ni se explicaron con claridad los beneficios para la comunidad. La incertidumbre se suma a la preocupación por accesos, estacionamientos y el impacto en el comercio local.
Especialistas en finanzas públicas y urbanismo consultados para este texto consideran indispensable conocer el método de valuación empleado y revisar si la venta siguió los procedimientos administrativos y legales exigidos. También resaltan la necesidad de especificar el destino del dinero: si éste ingresará al presupuesto municipal general, se destinará a obras públicas concretas o será empleado en otras partidas.
La entrega de una vía pública a manos privadas plantea además un debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y derecho a la ciudad. Espacios como calles y plazas no son solo bienes patrimoniales, son infraestructura cotidiana que afecta desplazamientos, comercio y convivencia. Por eso, organizaciones ciudadanas y vecinos han pedido transparencia, audiencias públicas y la presentación de estudios de impacto urbano y social.
El gobierno local, según información pública citada por El Imparcial de Oaxaca, debe aclarar los pasos administrativos que se siguieron y publicar los documentos que respaldan la valuación. Mientras tanto, la comunidad exige rendición de cuentas y participación para que cualquier cambio en el uso del suelo realmente responda al interés público.
Si la venta se concreta, será clave que las autoridades informen con claridad cómo ese ingreso beneficiará a la población y que se garanticen mecanismos de supervisión para evitar pérdidas del patrimonio común. El debate sigue abierto: ¿se trata de una oportunidad de inversión o del remate de un bien público sin suficiente control ciudadano?
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
