Sspc asegura uso académico de dispositivos en penal de Miahuatlán
Oaxaca de Juárez, Oax., 29 de octubre de 2026. — Luego de la información difundida en redes sociales sobre presuntos usos indebidos de equipos electrónicos en el Penal de Miahuatlán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclaró que esos dispositivos se destinan exclusivamente a actividades académicas a distancia y funcionan bajo mecanismos de autorización y seguimiento institucional.
En un comunicado, la SSPC explicó que los equipos permiten a las personas privadas de su libertad acceder a cursos y programas educativos, con sesiones autorizadas por la autoridad penitenciaria y supervisadas por personal institucional. Según la dependencia, el objetivo es ofrecer oportunidades de enseñanza que favorezcan la reinserción social y reduzcan el abandono escolar dentro del centro penitenciario.
La aclaración llega después de publicaciones que generaron inquietud entre familiares y vecinos. Para muchas familias, la posibilidad de que un familiar reciba educación representa una esperanza concreta: «la escuela funciona como una ventana desde detrás de las rejas», dicen quienes apoyan los programas. Al mismo tiempo, activistas y algunos usuarios de redes exigieron mayor transparencia y garantías para evitar que los aparatos sean utilizados con otros fines.
La SSPC subrayó que existe un protocolo de solicitudes y registros para el uso de estos equipos, así como bitácoras de seguimiento de las sesiones. No obstante, no detalló públicamente el número exacto de dispositivos ni las instituciones educativas vinculadas al programa, lo que mantiene el reclamo de claridad por parte de organizaciones civiles y familiares.
Desde una mirada práctica, la administración penitenciaria enfrenta dos tareas: ampliar la oferta educativa y, al mismo tiempo, asegurar controles que eviten riesgos de seguridad. La experiencia en otros estados muestra que la educación dentro de los centros puede disminuir la reincidencia, pero requiere inversión en infraestructura, capacitación del personal y supervisión independiente para garantizar su buena práctica.
La SSPC aseguró que continuará con las autorizaciones y el acompañamiento institucional, y convocó a autoridades locales y organizaciones civiles a participar en la supervisión de los programas educativos. Para quienes viven la experiencia de cerca —familiares, docentes y las propias personas privadas de libertad— la prioridad sigue siendo que el acceso a la educación no sea una promesa, sino una práctica segura y efectiva.
La discusión sobre el uso de tecnología en reclusorios, explicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debe equilibrar el derecho a aprender con las obligaciones de seguridad pública. Queda, para las autoridades y la sociedad, el desafío de convertir esa tensión en protocolos claros, controles verificables y resultados que beneficien a las comunidades afectadas.
