Diez años sin cuentas: el golpe al IEEPO que quedó impune en Oaxaca
El decreto de 2015 prometía transformar la educación; una década después denuncian que nada cambió
Hace diez años, un decreto estatal fue presentado como la llave para transformar el sistema educativo de Oaxaca. Hoy, docentes, padres de familia y organizaciones civiles denuncian que aquel intento terminó en estancamiento y que los responsables no rindieron cuentas. El Imparcial de Oaxaca recoge denuncias sobre la permanencia de comisionados, la práctica de dobles sueldos y la ausencia de evaluaciones docentes que garanticen la calidad educativa.
El contexto de 2015 estaba marcado por la reforma educativa nacional y por la tensión entre el gobierno y el magisterio oaxaqueño. Lo que se anunció como intervención para profesionalizar la gestión terminó, según críticas, en un control político de la institución. En la práctica persisten estructuras que, dicen los afectados, reproducen opacidad: comisionados que cobran sin transparencia, plazas que se manejan por acuerdos y la suspensión de mecanismos de evaluación que habrían dado certidumbre sobre la formación y el desempeño docente.
Para las comunidades, esto no es un problema técnico. Sin evaluaciones y con sueldos y plazas manejados de forma opaca, las escuelas enfrentan carencias en materiales, inestabilidad en la plantilla y decisiones tomadas fuera del aula. Una maestra de la región Mixteca, consultada por este periódico, resumió el sentir general: la reforma se quedó en papeles y en disputas, mientras las niñas y niños siguen esperando mejoras reales.
Los datos públicos sobre nómina y nombramientos siguen siendo parciales. Organizaciones civiles piden auditorías claras y la publicación de las razones por las que persisten los comisionados. Desde el ángulo institucional, la Secretaría de Educación y el propio IEEPO han señalado en ocasiones la necesidad de una transición ordenada, pero la percepción social es que esa transición no se ha cumplido en diez años.
La lección para Oaxaca es doble. Por un lado, que las reformas sin transparencia ni participación ciudadana tienden a fracasar o a convertirse en instrumentos de poder. Por otro, que la impunidad se fortalece cuando no hay mecanismos de fiscalización ciudadanos y académicos que empujen rendición de cuentas. Como registró El Imparcial de Oaxaca, la década transcurrida muestra más preguntas que respuestas sobre quién ganó, quién perdió y, sobre todo, quién pagó el costo: las escuelas y su comunidad.
Quedan propuestas sobre la mesa: auditorías públicas, la restauración de evaluaciones con enfoque pedagógico y no punitivo, y la participación real de padres y docentes en decisiones locales. Sin estas medidas, advierten activistas y maestros, cualquier nueva intención de reforma correrá el riesgo de repetir el mismo ciclo.
¿Qué sigue? Exigir transparencia no es una postura partidista; es una exigencia ciudadana para mejorar la educación. Si la década que pasó sirve para algo, debe ser para abrir caminos de claridad, justicia y recuperación del derecho de los niños y niñas a escuelas dignas. La comunidad oaxaqueña y sus autoridades tienen ahora la responsabilidad de traducir la crítica en acciones verificables.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca
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