Pueblos indígenas piden ley para decidir sobre el agua en sus territorios
Exigen control de sus bienes naturales y reconocimiento legal del consentimiento previo, libre e informado
Comunidades indígenas de Oaxaca demandan una ley que les otorgue la última palabra sobre el uso y destino del agua en sus territorios. Según reporta El Imparcial de Oaxaca, representantes de pueblos y organizaciones sociales se han organizado para exigir que las decisiones sobre proyectos hídricos, concesiones y aprovechamientos pasen por la aprobación de las asambleas comunitarias.
La petición no es solo una reclamación local: se apoya en instrumentos internacionales y en la necesidad de proteger recursos frente a la escasez, la contaminación y la presión de actividades extractivas. Los líderes indígenas insisten en que cualquier iniciativa que afecte a manantiales, ríos o acuíferos debe contar con consentimiento libre, previo e informado, y con mecanismos claros para garantizar la gestión comunitaria del agua.
Para las comunidades, el agua no es una mercancía; es sustento, identidad y memoria. Cuando una empresa obtiene una concesión sin consultar, lo que está en juego es la capacidad de cultivar, de beber agua limpia y de mantener ceremonias y prácticas culturales vinculadas a fuentes naturales. En palabras de comuneros citados por El Imparcial de Oaxaca, se busca «resguardar el derecho a decidir como pueblo», con reglas claras inscritas en la ley.
En la propuesta que circula entre municipios y colectivos se plantean varios puntos: reconocimiento legal del agua como bien colectivo en territorios indígenas, mecanismos de participación efectiva en la gestión, una figura que permita vetar proyectos que pongan en riesgo el abastecimiento y la salud ambiental, y sanciones a la contaminación. Además se reclama la revocación de concesiones otorgadas sin consulta y la priorización del uso doméstico y agrícola de pequeña escala frente a grandes obras o explotaciones industriales.
El reclamo pone en tensión a autoridades estatales y federales. Las comunidades llaman a diálogo con instancias como la Secretaría del Bienestar, la Comisión Nacional del Agua y el Congreso de la Unión, para traducir demandas en iniciativas normativas. También recuerdan la obligación del Estado de respetar los tratados internacionales suscritos por México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que consagra el derecho a la consulta.
Los defensores de la iniciativa advierten que los impactos del cambio climático hacen urgente un marco legal que contemple la gestión sustentable del agua desde las propias comunidades. Señalan experiencias en las que la falta de control local llevó al agotamiento de pozos, a la contaminación por actividades mineras y a conflictos sociales por el acceso al líquido.
El movimiento suma asambleas comunitarias, organizaciones civiles y académicos que aportan datos sobre disponibilidad hídrica y modelos de gobernanza comunitaria. Según El Imparcial de Oaxaca, las comunidades preparan documentos técnicos y jurídicos para presentar una iniciativa de ley que recoja estas demandas y que pueda discutirse en foros estatales y federales.
Esta demanda plantea una pregunta central para la vida cotidiana de millones: quién decide sobre el recurso más básico. La propuesta indígena apuesta por trasladar la decisión a quienes viven, cuidan y dependen del agua en el territorio, y por construir reglas que eviten privatizaciones y daños irreversibles.
Si las autoridades responden con apertura y acuerdos concretos, el resultado podría ser una ley que proteja comunidades y ecosistemas. Si no, el conflicto y la pérdida de recursos esenciales seguirán creciendo. La ciudadanía —consumidores de agua, agricultores, estudiantes y autoridades locales— tiene un papel clave: informarse, participar en los debates y exigir transparencia para que la ley refleje necesidades reales y resultados sostenibles.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
