Figueroa advierte que Sheinbaum podría poner en riesgo la validez de la elección
El exconsejero del extinto IFE pidió al INE abrir una indagatoria para determinar si la presidenta intervino ilegalmente en la competencia política y evitar una crisis institucional.
El exconsejero Figueroa aseguró que la actuación de la presidenta exige una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) para establecer si hubo una intervención fuera de la ley en la contienda electoral. Según Figueroa, de confirmarse irregularidades, el proceso podría terminar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, en última instancia, poner en riesgo la validez de la elección.
La advertencia trae consigo dos efectos concretos para la ciudadanía: por un lado, la posibilidad de una revisión judicial que alargue la incertidumbre sobre quién gobernará y cómo se ejecutarán políticas públicas; por otro, el desgaste institucional que provoca la sospecha de injerencia en la competencia política. Para la gente, esto se traduce en retrasos en decisiones sobre programas sociales, inversión y servicios que afectan la vida cotidiana.
Figueroa, con la experiencia en órganos electorales, subraya que lo procedente es que el INE actúe con rapidez y transparencia: recabar pruebas, abrir diligencias públicas y, si corresponde, turnar el asunto al TEPJF. Un proceso claro reduce rumores, protege el derecho a votar y garantiza que las controversias se resuelvan según la ley.
Desde una perspectiva cívica, la llamada de Figueroa es también un recordatorio para la sociedad: la defensa de la democracia no es solo tarea de tribunales e institutos, sino de ciudadanas y ciudadanos que exigen rendición de cuentas. La investigación debe ser imparcial y documentada, para que cualquier resolución tenga respaldo técnico y legal y no parezca resultado de presiones políticas.
En el balance, el riesgo que plantea Figueroa es real pero evitable: con investigaciones públicas, pruebas claras y decisiones judiciales apegadas a la ley se puede restablecer la certeza electoral y proteger tanto las instituciones como las políticas públicas que benefician a la población.
