Sheinbaum responde a críticas: niega que la ley de audiencias habilite sanciones estatales
La presidenta defendió los lineamientos sobre el derecho de las audiencias y los describió como medidas para proteger al público, no como herramientas de censura.
La presidenta volvió a salir al paso de las críticas por los lineamientos sobre el derecho de las audiencias y calificó las versiones en su contra como «una campaña de mentiras», según un comunicado de la Presidencia de la República. Aseguró que las reglas no facultan al Estado para sancionar contenidos y que su objetivo es garantizar información clara y protección frente a desinformación.
En su explicación, la Presidencia sostuvo que los lineamientos buscan cuidar a la ciudadanía en su acceso a medios y plataformas: que la gente entienda quién habla, qué intereses hay detrás de ciertos mensajes y cómo identificar información verificada. «No se trata de apagar voces, sino de dar herramientas a las audiencias», afirmó la oficina presidencial, citada por este diario.
La medida ha encendido alarmas entre grupos de prensa y organizaciones de defensa de la libertad de expresión. Organizaciones como Artículo 19 han advertido sobre posibles riesgos si no queda claro el mecanismo de aplicación y las salvaguardas para evitar arbitrariedades. Sus representantes han pedido transparencia en los criterios y participación amplia de la sociedad civil antes de cualquier implementación.
Analistas en comunicación consultados por este periódico coinciden en que hay dos problemas principales: la desconfianza histórica entre el gobierno y algunos medios, y la falta de claridad en la comunicación pública sobre el alcance de la norma. «Cuando una política pública se explica con tecnicismos o a medias, el espacio se llena de rumores», señala una especialista en regulación mediática.
¿Qué significa esto en la vida cotidiana? Para usuarias y usuarios de redes y radio local, los lineamientos, en la versión oficial, implicarían más claridad sobre quién financia o promueve contenidos y la obligación de publicar correcciones cuando se difunda información falsa que afecte derechos. Para periodistas y redes independientes, la preocupación es que procesos mal diseñados terminen limitando la pluralidad informativa.
En ese terreno intermedio es donde el artículo propone una salida constructiva: abrir mesas de diálogo donde participen medios, sociedad civil, académicos y representantes del Estado para definir límites claros, plazos y recursos de apelación. La Presidencia dijo estar dispuesta a escuchar, aunque el contraste entre su argumento público y las críticas ya filtradas en la opinión pública muestra que la negociación será tensa.
La disputa no es solo técnica. Es también política y cultural: la forma en que se regulan las audiencias marcará cómo se confía en las instituciones, cómo se protegen grupos vulnerables frente a desinformación y qué capacidad tendrá la sociedad para debatir sin miedo a represalias. En palabras de un defensor de la libertad de expresión, «no basta con prometer buenas intenciones; se necesitan reglas claras y procesos transparentes».
La Presidencia insiste en que no habrá sanciones por contenidos y propone enfoques educativos y de transparencia. Sus críticos piden garantías legales y revisiones independientes. En ese cruce se decidirá si los lineamientos refuerzan el derecho a estar bien informado o si, por el contrario, quedan expuestos a interpretaciones que limiten la diversidad informativa.
Este diario seguirá la evolución del tema y convocará a expertos y representantes de las partes para explicar cómo afectaría la propuesta a medios comunitarios, comunicadores independientes y al público en general. La invitación de la Presidencia a dialogar es el primer paso; la sociedad ahora exige claridad y participación.
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