Director del penal El Castillo separado mientras avanza investigación por riñas que dejaron 12 muertos
Por: un joven reportero
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, confirmó la separación de Enrique Mora García de la dirección del penal El Castillo, en Mazatlán, luego de las sangrientas riñas entre internos ocurridas el 8 y 9 de octubre que dejaron 12 personas muertas. La decisión, dijo la autoridad, busca facilitar las indagatorias administrativas y penales sobre los hechos.
Las autoridades estatales informaron que la investigación está en curso y que se trabaja en la identificación de las víctimas y en el levantamiento de evidencias para determinar responsabilidades. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa participa en las pesquisas, según fuentes oficiales citadas por la Secretaría de Seguridad Pública.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa problemas estructurales que afectan al sistema penitenciario: hacinamiento, control interno fragmentado y la presencia de redes de contrabando que alimentan pugnas entre grupos al interior de las cárceles. No es la primera vez que situaciones violentas en penales del país provocan cuestionamientos sobre protocolos de seguridad y supervisión.
Familiares de internos viven la incertidumbre. Para muchas personas en Mazatlán, la cárcel no es solo un dato estadístico: es una red de vidas cruzadas con vecinos, trabajadores y madres que esperan información clara y pronta sobre sus seres queridos. La separación del director responde a la necesidad de una investigación autónoma, pero no sustituye la demanda social de respuestas y de medidas concretas para evitar que tragedias así se repitan.
En los próximos días, la ciudadanía debe esperar tres cosas concretas de las autoridades: resultados claros de la investigación penal, sanciones administrativas cuando correspondan y un plan público para corregir las fallas de operación en El Castillo. Entre las medidas urgentes están la revisión de protocolos de acceso de objetos prohibidos, la evaluación de la plantilla de custodios y la evaluación de perfiles de mando para garantizar que quienes dirigen los centros penitenciarios cuenten con capacidad operaciónal y ética.
Desde una perspectiva constructiva, expertos en justicia y organizaciones civiles han insistido en que la respuesta no puede ser solo punitiva. Es necesario impulsar estrategias de reinserción, supervisión independiente y mecanismos de transparencia que permitan a la población conocer el estado real de los penales. En muchos casos, sanar el sistema penitenciario implica también invertir en educación, salud mental y programas de trabajo para internos.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, encabezada por Sinuhé Téllez López, deberá rendir cuentas sobre el avance de las investigaciones y las medidas tomadas en El Castillo. La Fiscalía estatal, por su parte, tendrá la responsabilidad de esclarecer si hubo delitos colectivos, negligencias o delitos de autoridad.
Mientras tanto, Mazatlán y Sinaloa enfrentan el reto de transformar la indignación en cambios concretos. Las familias esperan respuestas; la sociedad demanda garantías. Si la separación del director abre la puerta a una investigación seria y a reformas reales, entonces este acto podrá ser el primer paso para evitar que la violencia dentro de los muros vuelva a cobrar tantas vidas.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
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