Dudas sobre la secretaría de honestidad tras denuncias por PADECO
Oaxaca. Empresarios locales aseguran haber pagado hasta 300 mil pesos por trámites de digitalización gestionados a través de PADECO, una firma vinculada a procesos de modernización que, según denuncias, opera con poca claridad. Estas denuncias han puesto en entredicho la actuación de la Secretaría de Honestidad, encargada de vigilar el buen uso de recursos públicos y la transparencia en los trámites, según información difundida por El Imparcial de Oaxaca y testimonios recabados en la región.
Los afectados relatan que los paquetes de «digitalización» prometían facilitar trámites y reducir tiempos, pero incluyen cobros elevados que no siempre vienen acompañados de contratos claros ni comprobantes detallados. Para pequeñas y medianas empresas —que ya cargan con costos y trámites administrativos— un pago de hasta 300 mil pesos representa una barrera que impacta en su operación y empleo.
La Secretaría de Honestidad nació con la misión de combatir la corrupción y simplificar procesos, pero estas denuncias ponen sobre la mesa preguntas fundamentales: ¿quién calificó a PADECO como proveedor? ¿hubo licitación pública o adjudicación directa? ¿existen informes técnicos que avalen los costos? Sin respuestas claras, la percepción ciudadana se deteriora y el objetivo de modernizar se confunde con negocios opacos.
Este medio solicitó una postura formal a la Secretaría y a representantes de PADECO; al cierre de edición no hubo respuesta que aclarara las dudas sobre contratos, montos y procedimientos. Mientras tanto, los empresarios exigen auditorías y la devolución de recursos cuando no se demuestra la prestación del servicio prometido.
Más allá de casos puntuales, el episodio subraya una lección simple: la digitalización pública solo convence cuando va acompañada de transparencia real. Un portal de contratos accesible, facturas detalladas y un canal de quejas efectivo para pequeños empresarios son medidas concretas que pueden evitar que la modernización se convierta en un negocio redondo para pocos.
Organizaciones civiles y algunos diputados han pedido que se abra una revisión independiente de los convenios y de posibles irregularidades. La ciudadanía, por su parte, necesita información y garantías: saber cuánto gastó el erario, por qué se eligió a determinado proveedor y cuáles fueron los criterios técnicos. Sin ese puente de confianza, las buenas intenciones se convierten en sospecha.
Como joven periodista que cubre estos temas, creo que es momento de exigir claridad y resultados. La Secretaría de Honestidad tiene la oportunidad de demostrar que su nombre no es solo una etiqueta: transparentar contratos, publicar auditorías y apoyar a las pequeñas empresas afectadas sería un paso contundente hacia la confianza pública.
Seguiremos el caso y volveremos con respuesta oficial y documentación que permita a la ciudadanía evaluar, caso por caso, si la digitalización cumplió su promesa o si, por el contrario, terminó beneficiando intereses privados.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca y testimonios recopilados en la región.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
