Más universidades, menos barreras: 5.52 millones estudian y Lomelí exige ampliar acceso
La educación superior en México atiende hoy a 5.52 millones de estudiantes, pero sigue quedando fuera una parte importante de la población joven.
Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la matrícula en instituciones de educación superior alcanza los 5.52 millones de estudiantes. Esa cifra confirma un crecimiento respecto a años previos, pero también revela que el sistema no alcanza a cubrir la demanda real: hay jóvenes que siguen topándose con puertas cerradas por razones económicas, geográficas o por falta de preparación académica.
Lomelí exigió esta semana ampliar el acceso a la educación superior como una prioridad nacional. Su reclamo coincide con advertencias de organizaciones como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que señalan la necesidad de ampliar la oferta pública, mejorar la distribución territorial de instituciones y reforzar apoyos económicos para estudiantes.
El problema no es solo un número. Para muchas familias, la universidad es una escalera con peldaños faltantes: el transporte o la mudanza a otra ciudad, las colegiaturas implícitas, la falta de internet de calidad para estudiar a distancia, y la orientación vocacional insuficiente impiden que el aspirante continúe. En zonas rurales y comunidades indígenas esas barreras suelen ser más altas.
¿Qué proponen quienes piden ampliar el acceso? Entre las medidas más repetidas están aumentar la matrícula pública sin trasladar costos a las familias, crear más campus regionales y modelos híbridos que combinen presencial y en línea, ampliar el monto y cobertura de becas, y fortalecer la educación media superior para que más jóvenes lleguen con bases sólidas. Analistas consultados por ANUIES y la SEP insisten además en vincular la oferta educativa con necesidades locales del empleo.
Ampliar la educación superior implica también decidir prioridades presupuestales. No basta con anuncios: se requieren recursos, planificación territorial y acompañamiento para quienes, aun con plaza, corren el riesgo de abandonar por dificultades económicas. Es una combinación de infraestructura, política pública y compromiso social.
Para las familias y los jóvenes, la discusión tiene un efecto directo: más plazas y apoyos significan más oportunidades de empleo digno y movilidad social. Para la sociedad, una universidad más abierta es inversión en salud, cultura y democracia.
El llamado de Lomelí es un punto de partida. Ahora toca a autoridades, universidades y sociedad acordar pasos concretos y medibles. La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla: ¿queremos una educación superior que funcione como rampa de lanzamiento o como barrera de entrada?
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP) y ANUIES
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por La Jornada
