Sección 22 exige auditoría a la nómina del IEEPO y convoca paro de 24 horas para el 16 de octubre
La dirigencia de la Sección 22, encabezada por Jenny Araceli Pérez Martínez, exigió este martes una revisión exhaustiva de la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y anunció un paro de 24 horas para el 16 de octubre si no se abre una investigación por presuntos “aviadores”. La demanda, según la organización magisterial, busca transparencia en el uso de recursos destinados a la educación pública.
Pérez Martínez planteó que es necesario “poner una lupa” sobre la nómina para identificar a quienes cobran sin trabajar y recuperar esos recursos para aulas, materiales y docentes en activo. La Sección 22 acusa que la presencia de aviadores distorsiona las finanzas del sistema educativo y afecta directamente la calidad y acceso a la educación en comunidades rurales y urbanas.
El anuncio tiene doble efecto: presionar al IEEPO a dar cuentas públicas y movilizar a las bases para visibilizar el reclamo. Un paro de 24 horas significa que cientos de escuelas podrían suspender actividades, con impacto inmediato en estudiantes y familias que dependen de la jornada escolar para alimentación y cuidado. Para la Sección 22, sin embargo, la medida es un recurso para forzar auditorías e impedir que el presupuesto siga filtrándose hacia nóminas irregulares.
Desde la perspectiva institucional, una auditoría implicaría revisar contratos, plazas y comprobantes de trabajo. La secretaría correspondiente y el IEEPO tendrían la oportunidad de demostrar cumplimiento o, en su defecto, corregir irregularidades. Hasta el cierre de esta nota, la autoridad estatal no había emitido una respuesta pública formal a la exigencia de la Sección 22.
Históricamente, la Sección 22 ha usado la movilización como herramienta de presión y denuncia. Sus demandas, además de denunciar irregularidades administrativas, plantean una visión más amplia: que los recursos públicos se traduzcan en mejores condiciones para la enseñanza y aprendizaje. Para especialistas consultados en otras ocasiones, la identificación de aviadores es solo el primer paso; después vienen procesos administrativos y, en su caso, sanciones laborales y penales.
En el terreno local, padres y madres de familia expresan la preocupación de que los paros afecten la rutina escolar de sus hijos, aunque reconocen la necesidad de que las instituciones rindan cuentas. “Queremos que el dinero llegue a las escuelas, no a cuentas fantasma”, dijo una madre de la capital, que prefirió mantener el anonimato.
La exigencia de la Sección 22 tiene implicaciones políticas y administrativas: abrir una auditoría pública pondría sobre la mesa nombres, plazas y montos, y obligaría a la autoridad estatal a responder con evidencia. Además, obligaría a la sociedad a debatir prioridades en gasto educativo y mecanismos de control más efectivos.
La fecha del 16 de octubre será un termómetro: si la Sección 22 concreta el paro, los ojos estarán en el IEEPO y en la Secretaría de Educación estatal. Si la autoridad responde con apertura de investigación y resultados verificables, el conflicto podría desactivarse; si no, es probable que la movilización y el reclamo social escalen.
Como periodista, seguiré pendiente de la respuesta oficial del IEEPO y de las próximas decisiones de la Sección 22 para informar con datos y escuchar a quienes más afectan estas medidas: maestros, estudiantes y familias oaxaqueñas.
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