Corte avala que autoridades de seguridad revisen perfiles públicos de aspirantes
Por: Redacción — Ciudad de México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las dependencias de seguridad pueden consultar perfiles públicos de las personas que buscan un cargo de elección popular, una decisión que ya genera debate entre autoridades, expertos y organizaciones civiles. Según la sentencia, la medida «no impone un requisito adicional de elegibilidad ni restringe el derecho a ser votado», informa la propia SCJN.
En la práctica, esto significa que instancias como las secretarías de seguridad o las agencias encargadas de inteligencia podrán revisar información disponible en redes sociales y otros espacios públicos para evaluar riesgos relacionados con la seguridad nacional o la integridad de procesos electorales. Para la Corte, esa conducta es compatible con la Constitución siempre que se respete la legalidad y los derechos fundamentales.
Sin embargo, la decisión no fue recibida de forma unánime por la sociedad civil. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y defensores de derechos digitales han advertido sobre el riesgo de que esta práctica termine convirtiéndose en una herramienta de escrutinio político o en un freno indirecto para la participación ciudadana. «La línea entre vigilancia legítima y hostigamiento político es fina», resume una especialista en privacidad consultada para este texto.
El Instituto Nacional Electoral (INE) también estará atento: el uso de información pública por parte de autoridades de seguridad puede afectar campañas, decisiones de financiamiento o la reputación de aspirantes sin que medie un debido proceso. En otras palabras, aunque la Corte diga que no se crea una nueva barrera legal para competir por un cargo, en la práctica la revisión masiva de perfiles puede tener consecuencias políticas y personales.
Para entenderlo con un ejemplo: una autoridad podría encontrar en redes sociales opiniones controversiales o amistades con perfiles dudosos y usar esa información para iniciar investigaciones preventivas. Eso puede proteger a la ciudadanía si hay indicios reales de riesgo, pero también puede intimidar a candidatas y candidatos o filtrar información fuera de contexto.
Quedan dos preguntas clave: qué criterios se usarán para esas consultas y qué mecanismos de transparencia y control habrá para evitar abusos. La SCJN recalca la necesidad de proporcionalidad y de sujeción a la ley, pero no definió umbrales claros en la resolución.
En lo inmediato, expertos y organizaciones piden reglas más claras y auditorías independientes. La recomendación general es que la ciudadanía exija a sus representantes normativa que delimite qué se puede revisar, con qué fines y con qué garantías procesales. Participar, informarse y exigir transparencia son herramientas para que la vigilancia legítima no derive en censura o persecución política.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y declaraciones públicas de organismos de transparencia y derechos digitales.
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