Padres cargan con la cuenta: cursos de regularización aumentan el costo del rezago escolar

Padres de familia deben pagar hasta 2 mil pesos para que sus hijos alcancen el nivel que exige la escuela; matemáticas y español concentran las mayores dificultades.

En muchas casas de Oaxaca y otras entidades, la escuela dejó de ser un espacio exclusivo de aprendizaje para convertirse en un gasto más del hogar. Según datos recogidos por El Imparcial de Oaxaca, familias reportan pagos de hasta 2 mil pesos por cursos de regularización que buscan cubrir las brechas que dejaron meses de clases interrumpidas.

“No es solo dar tarea extra, es pagar para que mi hija no se quede atrás”, dice una madre de familia que prefirió no revelar su nombre. Relatos como este se repiten: los problemas más frecuentes están en matemáticas y español, materias que definen si un alumno puede avanzar o se acumula el rezago.

El problema no es nuevo, pero la pandemia lo agudizó. Cuando las aulas cerraron, muchos estudiantes perdieron continuidad. La desigualdad en acceso a dispositivos, la dificultad para sostener clases a distancia y la falta de acompañamiento hicieron que la recuperación dependa, en la práctica, del bolsillo de los padres.

Los cursos de regularización se ofertan en escuelas particulares, academias comunitarias y por maestros particulares. Para las familias con recursos limitados, 500, 1 000 o 2 000 pesos por alumno representan una decisión difícil: pagar para intentar recuperar lo perdido o destinar ese dinero a comida, transporte o medicinas.

Más allá del costo económico, hay un costo social. Cuando un niño no alcanza los contenidos básicos, se reduce su confianza y crece la probabilidad de abandono escolar. Eso transforma el rezago en un problema de largo plazo para la comunidad.

En entrevistas con docentes y directores, aparecen varias causas: deficiencias en la educación inicial, sobrecarga en las aulas, cambios frecuentes de plantilla docente y la falta de programas sostenidos de recuperación. Algunas escuelas han ofrecido talleres gratuitos, pero la cobertura suele ser limitada y no siempre alcanza a quienes más lo necesitan.

La respuesta pública debe ser clara y rutinaria, no episódica. Programas estatales y federales pueden y deben priorizar la recuperación gratuita y de calidad en las materias esenciales. Esto implica invertir en formación docente para enseñanza remedial, materiales didácticos adecuados y espacios escolares que permitan horas extra sin costo para las familias.

Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de maestros han propuesto alternativas: tutorías comunitarias coordinadas con la escuela, rutas de aprendizaje personalizadas y esquemas de acompañamiento que involucren a estudiantes avanzados y a padres. Estas soluciones funcionan mejor cuando cuentan con respaldo institucional y recursos sostenibles.

La realidad cotidiana muestra que la solución no puede dejarse al mercado. Cobrar por regularizar es poner un sello de selección: quienes puedan pagar avanzan, quienes no, quedan atrás. Si la educación es un derecho, su recuperación también debe garantizarse sin que las familias tengan que elegir entre aprender y comer.

Para que la factura del rezago no la sigan pagando los hogares, se necesita: ampliar programas públicos de recuperación, destinar presupuesto a formación docente en metodologías para alumnos rezagados, y promover la participación comunitaria en esquemas de tutoría. Estas medidas son urgentes y posibles.

El reto es colectivo. Padres, maestros y autoridades pueden actuar ahora para evitar que el rezago se convierta en la herencia educativa de toda una generación. El Imparcial de Oaxaca documenta las historias; corresponde a las autoridades convertir ese testimonio en políticas que no dejen a nadie fuera.

Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El Imparcial