Destituyen al director del penal de mazatlán tras motines que dejaron una docena de muertos
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, informó que Enrique Mora García fue separado de la dirección del penal El Castillo para facilitar las investigaciones por las riñas ocurridas los días 8 y 9 de octubre, que dejaron alrededor de una docena de fallecidos.
La postura oficial, difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, confirma la remoción temporal del mando como parte de las pesquisas internas y de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades dicen que buscan esclarecer responsabilidades y recuperar el control del centro penitenciario, pero no han declarado aún resultados concretos sobre qué provocó la escalada de violencia.
Los motines, según reportes estatales, tuvieron lugar en distintos pabellones entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de octubre. Familiares de internos y vecinos del entorno del penal describen escenas de alarma y desconcierto; para muchas familias fue otra muestra de la fragilidad del sistema penitenciario y del riesgo humano que implican estos episodios.
La separación de Enrique Mora García, explicó Sinuhé Téllez López, pretende facilitar la investigación administrativa y penal. Es una medida —expresó el funcionario— que no excluye seguir procesos contra quienes resulten responsables dentro y fuera del penal. La Fiscalía, por su parte, informó que se abrió una carpeta de investigación para determinar homicidios y posibles omisiones administrativas.
Más allá del expediente particular, el suceso vuelve a poner sobre la mesa problemas estructurales: hacinamiento, presencia de grupos criminales que operan desde los penales y fallas en los protocolos de seguridad. Organizaciones de derechos humanos han señalado en otras ocasiones que la violencia carcelaria es un reflejo de políticas públicas insuficientes en materia de reinserción y control.
Para los habitantes de Mazatlán y familiares de presos, las preguntas son inmediatas y prácticas: ¿quién responderá por las vidas perdidas?, ¿qué medidas concretas habrá para evitar nuevos estallidos?, ¿habrá mayor transparencia en las investigaciones? La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía deben dar respuestas claras y plazos concretos, coinciden voces ciudadanas y activistas.
Este hecho también abre la discusión sobre alternativas: mejora en condiciones de internamiento, programas de atención psicológica y social para internos, y supervisión externa de los penales. Son acciones que, si se aplican con rigor, pueden reducir el riesgo de que una docena de muertes se repita en el futuro.
Como joven periodista que sigue el caso, estaré pendiente de las diligencias de la Fiscalía y de los comunicados de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa para informar de avances, nombres de responsables y medidas concretas que garanticen justicia y protección a las comunidades afectadas.
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