Ray Chagoya asume el peso de más de 57 mil capitalinos que piden revocar a Salomón Jara
Ray Chagoya se responsabilizó por la movilización de más de 57 mil habitantes de la capital que solicitaron la revocación del mandato del gobernador Salomón Jara, informó El Imparcial de Oaxaca. La cifra coloca la demanda como un reclamo ciudadano significativo que ahora obliga a mirar tanto la capacidad de respuesta de las autoridades como las consecuencias políticas locales.
Los datos que cita El Imparcial de Oaxaca muestran que la presión es especialmente fuerte en distritos clave de la zona metropolitana: en el distrito 13 Oaxaca de Juárez, 70 de cada 100 personas consultadas piden que el gobernador concluya anticipadamente su mandato; en el distrito 12 Santa Lucía del Camino, el 59.9 por ciento de la ciudadanía apoyó la revocación.
Para entender el alcance: más de 57 mil capitalinos que firmaron o solicitaron la revocación representan un sector amplio de la sociedad local. Esa movilización no se agota en la suma numérica; tiene efectos en la gobernabilidad, en la percepción sobre la gestión pública y en la agenda política de la entidad. Ciudadanos que ven afectadas su seguridad, servicios públicos o empleos suelen traducir esas molestias en demandas como la que hoy encabeza Chagoya.
La ruta formal ahora pasa por los órganos electorales estatales y por el marco legal vigente. Cualquier intento de revocación de mandato exige filtros técnicos: revisión de firmas, verificaciones y, en su caso, la convocatoria a un mecanismo que respete los umbrales legales. En este punto, la responsabilidad de quien se atribuye la recolección —en este caso Ray Chagoya— no es solo política, sino también administrativa, porque implica entregar documentación y permitir las auditorías correspondientes.
Desde el gobierno estatal aún no se ha registrado una respuesta oficial que detalle pasos o postura ante estas solicitudes, según los reportes de El Imparcial de Oaxaca. En el terreno político, la acción de Chagoya tensiona a actores locales y obliga a partidos e instituciones a explicar cómo atenderán las demandas ciudadanas sin perder el respeto a la legalidad.
Para la ciudadanía, el desafío es doble: por un lado ejercer su derecho a pedir cuentas y, por otro, vigilar que los procedimientos se lleven con transparencia. Si la iniciativa prospera, los oaxaqueños deberán participar en los espacios que determine la ley; si no, el episodio seguirá marcado como un termómetro del descontento social.
Por centrar el debate: la política local se mide hoy en participación y en resultados. La voz de más de 57 mil capitalinos, y las cifras de distritos como Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino, obligan a las autoridades a dar respuestas claras y verificables.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca.
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