Comunidades de Juchitán reclaman control del agua y decisión sobre proyectos en su territorio
Desde la plaza principal de Juchitán, habitantes piden que la nueva ley reconozca su autonomía para decidir sobre el agua, la tierra y los megaproyectos que afectan su vida.
JUCHITÁN, Oaxaca. — “¡El agua no se vende!” corearon mujeres y hombres zapotecas durante una asamblea donde exigieron que la próxima reforma a la Ley General de Aguas garantice la soberanía comunitaria sobre los cuerpos de agua y los usos del suelo. La protesta reunió a representantes de varias agencias y comuneros preocupados por el futuro de sus pozos, sus milpas y su memoria colectiva.
Los manifestantes explicaron que, detrás del grito, hay historias concretas: pozos que bajan su nivel, riego que desaparece en temporada seca y la entrada de proyectos privados —desde parques eólicos hasta concesiones de agua— que se deciden sin consulta. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, las regiones del Istmo enfrentan estrés hídrico creciente por la sequía y la sobreexplotación de acuíferos, según registros oficiales.
En la voz de las comunidades se pidió algo claro y directo: que la ley reconozca la figura de control comunitario y la obligación del Estado de aplicar la consulta previa, libre e informada, como establece la Organización Internacional del Trabajo en su Convenio 169. “No pedimos privilegios, pedimos el derecho a decidir sobre lo que nos da la vida: la tierra y el agua”, dijo una de las voceras durante la asamblea.
La demanda no es solo simbólica. Para campesinos y pescadores, el acceso al agua define la siembra, las cosechas y la alimentación de familias enteras. Para las comunidades, el agua también es patrimonio cultural: manantiales y ríos ligados a ceremonias y memoria. Cuando una decisión pública o privada transforma el flujo del agua, se altera también la vida cotidiana y la identidad comunitaria.
Las organizaciones sociales que acompañan la movilización señalan que las propuestas legislativas actuales aún dejan espacios para concesiones y no blindan mecanismos efectivos de control local. Por ello, además de pedir cambios legales, las comunidades anunciaron campañas de incidencia en la Cámara de Diputados, asesoría para amparos y la exigencia de auditorías públicas a las concesiones vigentes, apoyadas por colectivos y académicos.
El reclamo también interpela a las autoridades locales y federales. Voceros enfatizaron la necesidad de diálogo real con presencia de funcionarios, técnicos y observadores que validen procesos de consulta y acuerdos. “Queremos mesas donde se escuche a la gente afectada, no notas oficiales que no llegan a las comunidades”, afirmó un representante comunitario.
En un contexto de cambio climático, el debate sobre el agua y el territorio en Juchitán es un termómetro: muestra cómo las políticas públicas impactan la vida diaria y la capacidad de las comunidades para decidir su futuro. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Gobernación fueron señaladas como actores clave para garantizar que cualquier reforma respete derechos colectivos y procedimientos de consulta.
Lo que piden las comunidades va más allá de un reclamo legal. Es una apuesta por fortalecer la autonomía local, cuidar la reproducción de la vida rural y frenar procesos que desplazan a la gente de sus fuentes de subsistencia. La movilización continuará con asambleas abiertas y acciones de incidencia; el reto ahora es que las instituciones respondan con cambios concretos y participación real.
Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y testimonios de representantes comunitarios en Juchitán.
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