Frontera bajo vigilancia: México y Estados Unidos intensifican operación antidrones en Tijuana y San Diego
Por Alejandro Molina
Este lunes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el inicio de la segunda fase de una operación antidrones coordinada en la zona metropolitana de Tijuana, Baja California, y San Diego, California. Según el comunicado de Sedena, la acción busca detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas que representen riesgos para la seguridad pública, el flujo comercial y las infraestructuras fronterizas.
En el lado estadounidense, autoridades como U.S. Customs and Border Protection (CBP) han reforzado medidas similares en el área, lo que convierte a la región en un corredor de vigilancia compartida. El objetivo, según los organismos, es reducir el uso de drones por parte de bandas dedicadas al tráfico de droga y al contrabando de paquetes entre ambos países.
La operación combina equipos de detección electrónica, sistemas que interfieren señales y protocolos para la intercepción controlada de drones. Es, en palabras sencillas, como poner un cerco digital en el cielo: se busca ver, avisar y, cuando sea necesario, detener sin poner en riesgo a la población civil.
El problema no es nuevo. En los últimos años, reportes de seguridad han documentado lanzamientos de paquetes desde drones y vuelos para vigilancia por parte de grupos delictivos. Para los habitantes y comerciantes de la frontera esto significa tanto mayor protección como interrogantes sobre cómo se ejercerá esa vigilancia: ¿quién decide cuándo intervenir? ¿cómo se protege la privacidad de las personas que viven y trabajan en la zona?
Sedena asegura que habrá coordinación estrecha con agencias estadounidenses y que se privilegiarán métodos no letales y procedimientos que respeten la soberanía de ambos lados. Sin embargo, expertos en seguridad consultados por diferentes medios han advertido sobre retos técnicos, legales y de transparencia que persisten en operaciones transfronterizas de este tipo.
Para la ciudadanía el impacto puede sentirse en cambios operativos alrededor de puentes y pasos fronterizos, así como en un mayor patrullaje aéreo y terrestre. Sedena y CBP han pedido a la población reportar actividad aérea sospechosa a las líneas oficiales y mantener distancia de cualquier artefacto derribado o capturado.
La coordinación binacional marca un avance en la respuesta a una amenaza creciente, pero también exige claridad: rendición de cuentas, protocolos públicos y mecanismos de supervisión para evitar abusos y garantizar que la seguridad no se convierta en una carga para las comunidades fronterizas. En ese terreno, autoridades y sociedad tendrán que dialogar y construir confianza.
Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y U.S. Customs and Border Protection (CBP).
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