Sedena activa segunda fase contra drones entre tijuana y san diego
Por un periodista en Tijuana.
Este lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el inicio de la segunda fase de una operación antidrones coordinada en la zona metropolitana que conecta tijuana con san diego.
Sedena señaló que la nueva etapa busca reforzar la detección y neutralización de aeronaves no tripuladas utilizadas para actividades ilícitas y para proteger infraestructura y población civil en la frontera. La dependencia explicó, en su comunicado, que la acción se realiza de manera conjunta con autoridades de la vecina ciudad de san diego, con intercambio de información operativa y protocolos de respuesta coordinados.
La presencia de drones en la frontera no es tema menor para quien vive o trabaja en la región: desde patrullajes nocturnos hasta intentos de traslado de paquetes o reconocimiento para grupos delictivos. Para muchos vecinos, la operación representa una «capa» adicional de seguridad, como una cerca que ahora también mira el cielo. Pero también despierta preguntas: cómo se asegurará el respeto a la aviación civil, qué salvaguardas hay para la privacidad y qué información recibirán los ciudadanos sobre cierres o restricciones temporales.
Según Sedena, la segunda fase incluye la implementación de sensores y sistemas de intercepción, así como patrullajes coordinados en las zonas con mayor historial de incidentes. Las autoridades pidieron a la población evitar el uso recreativo de drones en áreas señaladas y atender las indicaciones de seguridad de las autoridades locales para no interferir con las operaciones.
Del lado estadounidense, fuentes consultadas por este medio indican que agencias fronterizas de san diego participaron en mesas técnicas previas y en la definición de protocolos. Esa coordinación binacional es clave: el espacio aéreo y las rutas delictivas no respetan fronteras, y la respuesta tampoco puede ser unilateral. Sin embargo, expertos en seguridad pidieron a Sedena y a sus contrapartes mayor transparencia sobre criterios de operación y mecanismos de rendición de cuentas, para evitar afectaciones a actividades comerciales, aeroportuarias o a la vida cotidiana de la gente.
En el plano local, comerciantes y transportistas expresaron alivio por medidas que reduzcan el riesgo de contrabando y violencia, pero advirtieron sobre el impacto si los operativos causan interrupciones en el flujo fronterizo. «Queremos seguridad, pero que nos expliquen cuándo y dónde operan, para planear», dijo una comerciante de la zona centro, en un testimonio recogido durante este lunes.
La operación antidrones de Sedena llega en un contexto donde la tecnología se ha vuelto herramienta y riesgo: los mismos aparatos que sirven para fotos y servicios logísticos pueden ser adaptados para fines ilícitos. Por eso, más allá de la acción inmediata, especialistas consultados por este periódico coinciden en la urgencia de fortalecer marcos legales, coordinación civil-militar y mecanismos de supervisión ciudadana que garanticen derechos y seguridad.
Sedena informó que mantendrá comunicación con autoridades municipales y estatales para informar a la población sobre posibles afectaciones. La invitación a la ciudadanía es doble: colaborar con las indicaciones oficiales y exigir claridad sobre el uso de tecnología en la seguridad pública.
La segunda fase ya está en marcha. Queda por ver si, además de neutralizar riesgos, logra construir confianza entre instituciones y comunidad en una región donde la seguridad y la vida cotidiana están íntimamente unidas.
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